Hay unas 50.000 familias que "tienen saneamiento frente a su puerta pero no están conectadas", estima el presidente de OSE, Carlos Colacce, quien vuelve a impulsar un proyecto de ley para hacer obligatoria la conexión a la red pública.
Colacce, en su segundo período al frente de OSE -luego de ocupar el cargo de ministro de Vivienda- considera que es "un tema histórico muy problemático que OSE tiene que corregir". Si se conectaran las 50.000 familias que están en condiciones de hacerlo, "porque ya está la infraestructura hecha y ociosa estimada en US$ 60 millones invertidos y sin aprovechamiento total, haría que se aumentara la cobertura de saneamiento un 10%", indicó a El País el presidente de OSE.
"Hay pueblos con bajos porcentajes de conectados, o se hace la red de saneamiento y pasan años sin que la gente se conecte", comentó. El jerarca recordó que la conexión implica en algunos casos reformas de la cañería en las casas.
El proyecto de ley que fue aprobado por el directorio de OSE declara de interés general la conexión a las redes públicas de saneamiento y hace obligatorio conectarse a ellas a todos los propietarios o promitentes compradores de inmuebles con frente a la red de saneamiento.
El proyecto fue entregado al Ministerio de Vivienda, que tendrá que decidir si lo respalda y logra que el Poder Ejecutivo lo envíe al Parlamento.
El texto, al que accedió El País, prevé un año de plazo para la conexión a las redes de saneamiento, y de dos años en los terrenos por cuyo frente se construya una red. La norma habilita a OSE y a la Intendencia de Montevideo a dar prórrogas a la obligación de conexión por razones socioeconómicas que deberán ser reglamentadas.
La sanción para quienes incumplan será de una multa mensual equivalente al 100% de los consumos de agua de cada mes, hasta que se regularice la situación.
Si no hay conexión de agua, la multa mensual equivaldrá a tres cargos fijos del servicio de agua y de saneamiento.
La ley habilita a OSE y a la IMM a establecer líneas de financiamiento de largo plazo con fondos propios o de terceros, de bajo costo, para facilitar las obras de conexión interna de las viviendas que deban realizar los usuarios de escasos recursos. También permite establecer subsidios totales o parciales para las situaciones de indigencia.
El proyecto permite a OSE y a la IMM inspecciones en los inmuebles para comprobar si hay transgresiones a lo dispuesto. Además, señala que a partir del tercer año de promulgada esta ley, el Registro Público de la Propiedad Inmueble no inscribirá ningún documento sin la constancia notarial de que se obtuvo certificado de OSE o de la IMM que acredite la conexión a la red de alcantarillado o que no exista colector al frente de su inmueble.
"Es una ley de salubridad, por la que como buen ciudadano si tenés saneamiento tenés que conectarte. Estás obligado a hacerlo y si no lo hacés en plazos correspondiente sos pasible de sanciones. Esto apunta a la fuerte conciencia que representa estar conectado, no es sólo un tema de números, sino que el vecino no conectado en su cuadra si le sale agua del pozo negro perjudica al resto de vecinos de ese lugar", declaró Colacce.
Destacó que la ley "contempla la situación de los hogares carenciados, prevé subsidios para ellos y créditos blandos a otros sectores para las obras que tengan que hacer".

CON LUZ PROPIA. Colacce señaló que, más allá de ser la empresa que suministra agua y saneamiento, OSE es el principal consumidor de energía eléctrica del país. Se está analizando que el ente genere su propia energía: una posibilidad es instalar un parque eólico. Colacce dijo que hay contactos con el ministerio de Industria y UTE con este fin,
Otro objetivo será la reducción de agua no contabilizada, (por pérdidas, fraude, gente no colgada a la red, medidores rotos y problemas comerciales) que representa la mitad del agua que produce OSE. "No se han tenido todos los resultados que se pretenden y queremos hacer una fuerte apuesta en estos cinco años a que haya una mejora muy fuerte. Esto incidiría en menor gasto de energía y en mayor eficiencia", expresó el jerarca. La meta es pasar de un 50% de agua contabilizada a un 60 o 65%, pero ese porcentaje se precisará en un plazo breve, dijo Colacce.

Destinan US$ 400 millones a obras en 5 años
Las obras más importantes que se planifican para esta administración, y que insumirán US$ 400 millones, ya están iniciadas: una son los trabajos en Maldonado-Punta del Este con tratamiento y disposición final de aguas de esa zona que incluye una planta de tratamiento en Rincón del Indio desde donde se llevarán las aguas tratadas al océano.
El otro gran proyecto es Ciudad de la Costa que incluye la planta de tratamiento que se construye. Colacce dijo que estas obras se ejecutan con la Intendencia de Canelones: "cada uno paga lo que le corresponde pero trabajamos codo a codo".
Otras inversiones menores están asociadas a plantas de tratamiento de efluentes residuales en ciudades del interior. Subrayó que "estas obras no se recuperan por tarifa, sino que apuntan a la responsabilidad de OSE en la protección del medio ambiente. Se paga tarifa de saneamiento y agua, pero no por tener planta se paga más". En Fray Bentos se aprobó realizar una tubería que conduce todas las aguas a la planta de UPM, que tiene capacidad para ello (es la planta más grande de tratamiento que tiene el país). Esta obra empieza en octubre y se ejecuta en seis o siete meses. Las plantas que se sumarán a las dos grandes de Maldonado y Ciudad de la Costa, serán las de Artigas, Salto, Paysandú, Mercedes y Colonia. También se mejorará la cobertura de saneamiento de La Paz y Las Piedras y comenzarán trabajos en Ciudad del Plata.

Prisión por conexión clandestina
El proyecto de ley incluye un agregado al Código Penal: "El que para provecho propio o de un tercero realice cualquier modalidad de conexión en forma clandestina a la red pública de alcantarillado sea de vertimiento de aguas servidas o pluviales será castigado con una pena de 3 a 24 meses de prisión". Como circunstancias agravantes menciona que la conducta se realiza "mediante la producción de un daño a la red existente", que ocasione "un perjuicio o perturbación del servicio de otros usuarios", o que el agente "sea funcionario o ex funcionario de OSE o la IMM".
Colacce indicó que la cobertura de saneamiento en Uruguay llega al 50%, en Perú es el 70% y en Colombia 80% y que esto se debe a la definición de saneamiento de estos países "mucho más amplia, correcta y adecuada". Puso como ejemplo que "un pueblo con pozos negros, si tiene un servicio barométrico que pasa una vez por mes y limpia pozos negros sin pérdidas, es un servicio de saneamiento perfecto". Consideró que es posible hacer funcionar un servicio de barométrica eficiente y que se trabajará en eso.