Una represa binacional es, nuevamente, el centro de serias sospechas de corrupción. La justicia federal investiga desde hace dos meses un presunto fraude multimillonario vinculado con los terrenos linderos a la central hidroeléctrica argentino-uruguaya Salto Grande.
Planos fraguados, tierras que habían sido expropiadas por el Estado nacional y luego fueron vendidas para construir casas de fin de semana, indemnizaciones en zonas que jamás podrían haberse inundado y millones de pesos pagados de más por la Secretaría de Energía son algunos de los hechos denunciados.
La central Salto Grande fue construida en la década del 70 y es administrada por una Comisión Técnica Mixta (CTM), integrada por tres delegados uruguayos y tres argentinos, designados por los respectivos gobiernos nacionales. En 2004 dejó de depender de la Cancillería y quedó bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal para todo lo referido a las cuestiones energéticas, técnicas y económicas. La denuncia que investiga el juez federal Ariel Lijo se refiere a manejos dentro del ámbito de competencia exclusiva de la Argentina -el llamado Sector de Obras No Comunes Argentino (Sonca)- de Salto Grande y fue presentada por uno de los delegados nacionales, Enrique Stola.
En su presentación, Stola hizo referencia a un informe oficial que advirtió irregularidades. Se trata de una auditoría que tomó únicamente 11 expedientes de reclamos, los analizó y detectó anomalías en seis. Sólo por esas indemnizaciones, Energía habría pagado unos 4 millones de pesos de más.
Stola informó que se falsearon planos en la municipalidad de Santa Ana, Entre Ríos, y que eso permitió que particulares que ocuparon terrenos expropiados fueran declarados dueños de esas tierras, con vista al lago, a través de juicios fraudulentos. Pero eso no fue todo: algunos de estos ribereños reclamaron después ser indemnizados. Es decir que el Estado, que había adquirido las tierras porque estaban expuestas a inundarse con facilidad, no sólo las perdió, sino que, además, debía resarcir a sus ocupantes.
Como acusa a otros funcionarios de la delegación argentina, la denuncia judicial generó un pésimo clima dentro del organismo.
"Esto se podría haber manejado distinto", dijo a LA NACION Juan Carlos Cresto, el presidente de la CTM desde hace tres meses. "Es cierto que hubo irregularidades, por eso ahora hemos cambiado todo el sistema de medición de daños, pero Stola se apresuró. Salto Grande es una empresa seria, de mucho prestigio, y eso debió haberse protegido", afirmó.
Cresto admitió que una reciente auditoría encargada a un estudio contable recomendó hacer un sumario administrativo en el Sonca. Según informó, esa auditoría sostuvo que el sistema de medición de daños que se usó desde que empezó a funcionar la represa daba pie a irregularidades. "Nunca pretendimos ocultar nada. Yo sólo quería hacer el sumario interno antes de llevar el caso a la Justicia", dijo el presidente de la comisión.
El juez de la causa dispuso diversas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Por lo pronto, pidió a la municipalidad de Santa Ana todos los planos y documentos de los terrenos que estarían invadiendo la línea fiscal, y a la Secretaría de Energía, el detalle de todos los movimientos de fondos para determinar qué pagos se realizaron y a quiénes.
Además, le reclamó a Salto Grande que le entregara todos los expedientes iniciados como consecuencia de pedidos de indemnización. Los documentos llegaron esta semana al juzgado. Son pilas y pilas de carpetas que aún no fueron analizadas.

Los responsables
La denuncia incluye además otros puntos por investigar. Uno es la posible responsabilidad del Tribunal Nacional de Tasación, que debía certificar los reclamos de los ribereños. Según se denunció, hubo inspectores que debían chequear los daños y no se bajaban siquiera de las camionetas de la CTM. Otro es el caso del agrimensor Fernando Alba Posse, quien denunció varias de las irregularidades descubiertas. El fue citado a declarar como testigo por Lijo y relató que había sufrido amenazas de parte de propietarios de terrenos supuestamente inundados, que lo interceptaron por la calle y le dijeron, entre otras cosas, que le iban a dar una "paliza".
Fuentes judiciales informaron que no se pueden prever aún los alcances que tendrá esta causa ni cuán alto llegará. Mientras tanto, las autoridades de Salto Grande miran con preocupación la gravedad que ha tomado el caso. Temen que este escándalo siga creciendo y se convierta en un nuevo Yacyretá, la represa bautizada como el "monumento a la corrupción".

RECUERDOS DEL MONUMENTO A LA CORRUPCION
La central hidroeléctrica argentino-paraguaya de Yacyretá es la represa más grande del país y la obra de infraestructura más cuestionada. Con un presupuesto final de más del doble de lo previsto originalmente y constantes sospechas de deficiencias en su funcionamiento, jamás logró liberarse del mote de "monumento a la corrupción" con el que se la bautizó. En marzo pasado, un video reavivó las críticas: muestra grietas de lo que podrían ser las paredes de la represa y un gran deterioro de la estructura en general. La Argentina y Paraguay rechazaron, no obstante, la posibilidad de un colapso del embalse.

Los insólitos acuerdos cerrados en un día
La auditoría detectó que se pactaban indemnizaciones después de un trámite de inusual velocidad
Una de las denuncias más llamativas de la auditoría que investigó las irregularidades en Salto Grande es la referida a la dudosa metodología empleada para relevar los terrenos supuestamente afectados por las aguas y cuyos dueños reclamaron indemnizaciones.
La auditoría advierte que, según las actas, "en un mismo día se han inspeccionado lotes de una extensión considerable, se han constatado la totalidad de los daños y se ha procedido a suscribir acuerdos de daños con el supuesto damnificado".
Según el auditor, es imposible relevar terrenos de gran magnitud en un solo día. Mucho más, completar todo el proceso de una indemnización por montos millonarios. "La experiencia profesional indica que arribar a acuerdos, incluso por montos menores, lleva al menos varias reuniones entre las partes, propuestas, concesiones, la utilización de un mediador matriculado para acercar a las partes, concluyendo muchas veces en falta de acuerdo y traslado del reclamo a esfera judicial."
Y ésta no es la única denuncia sobre la falta de rigurosidad al momento de fijar las indemnizaciones. El vicepresidente de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Enrique Stola, declaró ante la Justicia que distintos funcionarios le habían contado que era común que los inspectores del Tribunal Nacional de Tasación, que debían certificar que los reclamos de los ribereños fueran justificados, "ni siquiera se bajaban de la camioneta" que la Comisión Mixta ponía a su disposición para que recorrieran los terrenos.
El Tribunal de Tasación tiene un papel clave en el procedimiento para determinar el monto de las indemnizaciones que deberá abonar el Estado. Primero, el ribereño debe denunciar el perjuicio sufrido ante la delegación argentina, los funcionarios visitan la zona y se firma un acta con los presuntos daños; después, Salto Grande le da intervención al Tribunal de Tasación y le hace llegar los viáticos para que envíe especialistas a revisar la zona; por último, se notifica al ribereño de lo resuelto por el Tribunal para que, si lo cree necesario, pida una revisión de la tasación. Las partidas para los pagos son de la Secretaría de Energía.
El pago de las indemnizaciones siempre generó problemas. De acuerdo con los testimonios de la causa, los daños comenzaron con la construcción de la represa y sólo en 1989 se tomó la decisión de resarcirlos. En 2002, el conflicto fue tal que los ribereños tomaron Salto Grande.