La investigación por el presunto fraude multimillonario vinculado con los terrenos linderos a la central hidroeléctrica argentino-uruguaya Salto Grande sumó otra denuncia.
Una auditoría presentada a principios de mes, a la que accedió LA NACION, advirtió que son ilegales todos los pagos dispuestos en los últimos años para resarcir supuestos daños por inundaciones ocurridas entre 1979 y 1991. No existe una estimación del monto del presunto perjuicio para las arcas públicas, pero del estudio preliminar realizado sobre algunos casos surge que al menos 15 pagos, por un total de 4.454.684 pesos, habrían contemplado daños que el Estado ya no debía abonar.
Según lo sostenido por el auditor Alejandro Lubinski en el informe que presentó ante la delegación argentina de Salto Grande, todos esos pagos se realizaron en clara violación de la ley 24.447, sancionada en 1994, que estableció que a partir del 30 de junio de 1995 caducaban los derechos y prescribían las acciones para peticionar créditos contra el Estado Nacional "de causa o titulo anterior al 1º de abril de 1991".
"Desconocemos las razones por las cuales se accedió a dar curso favorable a estos reclamos (...). Nada justifica el apartamiento de la ley", afirmó la auditoría.
Esto se suma al resto de las irregularidades denunciadas que investiga el juez federal Ariel Lijo: planos fraguados, tierras que habían sido expropiadas y ahora están ocupadas con casas de fin de semana, indemnizaciones en zonas que jamás podrían haberse inundado y supuestos daños que el Tribunal Nacional de Tasación dio por acreditados sin controlarlos.
En la Justicia creen que el caso es grave. En un oficio que el juez hizo llegar este mes a la Comisión Técnica Mixta que dirige Salto Grande, advirtió que existe una "fuerte presunción" de que no sólo existieron los hechos denunciados sino que, además, todavía se estarían llevando a cabo actos ilícitos y "podrían haber otros en fase de preparación", según informaron fuentes oficiales que accedieron a ese documento.
LA NACION se comunicó ayer con Juan Carlos Cresto, presidente de la delegación argentina en la Comisión Mixta, que dijo que si hubo irregularidades no fueron de la gravedad denunciada y que los ribereños tenían derecho a cobrar incluso más de lo que cobraron. "Se pagó porque una resolución de la Cancillería lo dispuso. En 1978, 1980 y 1983 hubo inundaciones que provocaron muchos daños a los ribereños y los gobiernos militares se negaron a reconocerlo -dijo-. Ahora cuestionan los pagos y la metodología, pero ¿cómo acreditás un daño en una plantación de zapallo 15 o 20 años después?"
Ese fue, justamente, un "agravante", según la auditoría, que sostuvo que los convenios de pago se firmaron "varias décadas después de los supuestos perjuicios" y se pactaron a través de "procedimientos irregulares, ineficaces y en base a constancias probatorias carentes de convicción"; sin determinar, por ejemplo, qué monto correspondía por qué inundación. Los auditores responsables de investigar las indemnizaciones fueron dos, Lubinski y Sebastián Pardo. El 2 de julio ellos presentaron, por separado, sus dictámenes finales. Las conclusiones de ambos documentos son similares: hubo daños sobredimensionados, pagos totalmente improcedentes y un control muy deficiente del Estado. Por eso, varios funcionarios deben ser investigados.
En Salto Grande, la publicidad que tomó el caso generó gran agitación. La delegación argentina en la Comisión Mixta difundió ayer un comunicado entre los medios locales en el que informó que Cresto había recibido a dirigentes de la Asociación de Ribereños, que le dijeron que eran "personas de trabajo y honorables" y que estaban "indignados" por las denuncias publicadas por LA NACION. Según el comunicado, Cresto les dio la "tranquilidad" de que la Comisión "arbitrará todos los medios" para que el caso se investigue y se resuelva.

$ 4,4 Millones de pesos
Es el monto pagado contemplando supuestos daños de hace décadas que por ley no debían pagarse, según el auditor.