Los franceses de Saur International –ex dueños de Obras Sanitarias Mendoza– fijaron en U$S132 millones la demanda que impusieron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tanto por los perjuicios de la devaluación argentina como por la actualización de tarifas, que consideran insuficiente, durante los últimos años de concesión, y por la decisión del gobierno de Celso Jaque de quitarles la empresa para reestatizarla.
La cifra fue confirmada ayer por el titular del EPAS, Javier Montoro, a pocos días de que se conociera que Saur había ratificado la demanda ante este tribunal del Banco Mundial, creado para resolver disputas entre estados nacionales y empresas. En este tiempo se especuló con que el reclamo rondaba los U$S175 millones y también que rozaba los U$S142 millones, aunque el titular del organismo de control del agua terminó difundiendo la cifra definitiva.
El grupo galo había iniciado su demanda en el 2004, tras la devaluación, y la utilizó como herramienta de presión y negociación en la ríspida relación que mantuvo con Mendoza mientras estuvo a cargo del manejo del agua.
En el 2007, tras una renegociación del contrato de concesión con Julio Cobos, la empresa se comprometió a levantar su reclamo del CIADI pero jamás cumplió.
El 5 último, luego de que Jaque anunciara la determinación política de avanzar para que OSM se convierta en sociedad anónima con mayoría estatal, Saur volvió a ratificarla a pesar de que se había entablado un período de negociación.
La situación también se había agravado en junio, luego de que la Provincia iniciara denuncias penales en la Justicia contra los ex concesionarios de OSM.
En medio de esta disputa, la semana próxima, un grupo de técnicos de la Procuraduría General de la Nación llegará a la provincia para diseñar la estrategia de defensa que en 90 días deberá ser presentada en Estados Unidos.
El Gobierno provincial buscó mostrarse despreocupado con respecto al juicio desde un primer momento y, en ese sentido, el gobernador manifestó: “Estamos trabajando, y hay elementos contundentes que muestran la responsabilidad de Saur en el mal manejo de la concesión del servicio”. Lo señaló cuando conoció la noticia de que la denuncia fue ratificada.
En tanto, ayer se produjo una nueva reunión del Gobierno con el Consejo Asesor de Obras Sanitarias, que trabaja en diseñar cómo será el futuro de la empresa.
Mientras seguían con un ojo la negociación en la Legislatura por el pedido de $10 millones para poder prorrogar la intervención, los funcionarios provinciales analizaron varios puntos con el consejo. Entre ellos, la marcha de la auditoría, la situación financiera actual y una redefinición del marco jurídico que tendrá la empresa en su nueva etapa.
El Gobierno nacional resolverá la estrategia con Mendoza en un contexto favorable. Desde que comenzaron las cataratas de demandas internacionales ante el CIADI de empresas que se sintieron perjudicadas por la pesificación, entre los juicios ganados, desistidos o discontinuados, la Argentina ya logró evitar pagar el 68% del monto que le reclaman, que ascendía a unos U$S49.000 millones. De acuerdo con cifras oficiales difundidas a principios de mes, de esa suma de juicios sólo tuvo que pagar unos U$S300 millones.

Claves
La demanda fue iniciada en el 2004 por los perjuicios de la devaluación argentina.
Pero también como parte de un reclamo por la actualización, que consideran insuficiente, de tarifas durante los últimos años de concesión.
Este año, Saur sumó su reclamo por la decisión del gobierno de Jaque de quitarle la empresa para reestatizarla.