El plan de vigilancia ambiental de Botnia volvió a generar tensiones diplomáticas entre Uruguay y la Argentina. Pese a haberse cumplido las 48 horas de plazo acordadas para avanzar en un acuerdo, la idea original de presentar ayer el monitoreo conjunto del río Uruguay y la planta terminó en otra frustración.
Hasta última hora, el canciller Héctor Timerman ratificó, por medio de la red social Twitter (por estas horas su única herramienta de comunicación pública), la idea de lograr el "ingreso irrestricto" de científicos en la pastera. El gobierno uruguayo, sin embargo, hasta ayer se resistía a aceptar esa condición sin limitaciones, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales del país vecino.
El tema fue tratado con celoso hermetismo. El miércoles pasado, después de una reunión de más de cinco horas, Timerman y su par uruguayo, Luis Almagro, habían convenido tomarse dos días para encontrar el consenso al que no habían llegado durante el encuentro bilateral. Desde entonces no hubo anuncios sobre una nueva reunión. Tampoco información oficial sobre la suerte de las negociaciones, más allá de los mensajes que el canciller argentino envió por Internet a lo largo del día.
Ayer, al filo del mediodía, el vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, dijo que el monitoreo del río estaba "políticamente cerrado". Timerman lo desmintió con dureza menos de cuatro horas después. Dijo, vía Twitter: "Conde declaró este mediodía que el acuerdo está cerrado. Sin embargo, nuestra cancillería desconoce a qué se refiere". Después reavivó el eje de la discordia: "El acuerdo es simple: acceso irrestricto a los científicos para que controlen Botnia y todos los establecimientos industriales y agropecuarios en ambas márgenes del río".
En Uruguay preocupa particularmente el alcance de la frase "acceso irrestricto". Ayer pedían que hubiera "garantías". Una suerte de instructivo detallado de quiénes harían los controles, cómo y cuándo.
El interés del gobierno uruguayo sigue siendo el mismo que esgrimió después del encuentro de cancilleres: evitar que el ingreso en la pastera sea interpretado como un avasallamiento a su soberanía y, sobre todo, a la protección que ofrece a las inversiones extranjeras. En Montevideo insistían anoche, en estricta reserva, que ayer no se habían registrado avances significativos que justificaran repetir la reunión bilateral .

Cerrado hermetismo
En la cancillería argentina ninguna fuente autorizada quería referirse al tema. LA NACION intentó comunicarse con Timerman, en busca de una posición oficial. La respuesta fue tajante: "Vamos a consultarlo. Pero, por ahora, no tenemos nada para comunicar". La misma contestación se mantuvo a lo largo de la tarde.
El canciller, mientras tanto, seguía hablando por Twitter. A las 17.04 ratificó la posición argentina: "Si Uruguay acepta acceso irrestricto de comisión de científicos a TODAS las plantas, incluyendo Botnia, hay acuerdo".
Seis minutos después amplió sus dichos: "Por supuesto que la Argentina acepta acceso irrestricto de científicos de ambos países a TODAS las plantas en la ribera argentina del río".
De esa manera, Timerman repetía la estrategia con la que había ido a la última reunión ("el problema es ambiental, no político") y sugería la negativa del gobierno uruguayo, que ya había trascendido en Montevideo, pese al hermetismo público: el país vecino no está dispuesto a aceptar que no haya limitaciones al ingreso en las plantas ribereñas.
Esos tironeos por la instrumentación de la vigilancia ambiental en el río Uruguay podrían tornarse especialmente delicados si el desacuerdo se sigue extendiendo en el tiempo.
Sucede que el Gobierno arrastra la presión de los asambleístas de Gualeguaychú, que levantaron el corte por 60 días, a la espera de que se cumpla la solitaria exigencia de que Uruguay acuerde el monitoreo conjunto de Botnia, pero por dentro.
El martes pasado se cumplió un mes de la tregua en la frontera. Los asambleístas todavía esperan avances concretos. "Si no hay respuestas concretas, vamos a tener que volver a votar si volvemos al corte", suele repetir el coordinador, Roberto Marchesini.
En reserva, los ambientalistas admiten que tienen menos fuerza, que les temen a las querellas que les iniciaron por el bloqueo y que no sería bueno volver a la ruta internacional. Pero, en público, juran que no retrocederán y ya pusieron una fecha límite: el 1° de agosto. Si ese día no hay acuerdo, volverán las amenazas.
Timerman anoche mantenía la verborragia en la Web y mostraba las diferencias. Otra vez por Twitter, a las 19.54, dijo que "la posición argentina" seguía "en pie". Otra vez habló del "ingreso irrestricto".
Una periodista uruguaya le escribió que, en su opinión, los dos gobiernos estaban planteando la misma postura. Timerman contestó con una pregunta: "¿Acceso irrestricto?".

ARGENTINA
Acceso sin límites
Quiere acceso irrestricto de una comisión de científicos de los dos países a la planta de Botnia en Fray Bentos. Ofrece que esa misma lógica rija también para pasteras que funcionen del lado argentino de la frontera.

La primera oferta
Hace tres semanas el canciller Timerman entregó a su par Luis Almagro una propuesta de monitoreo del río y de la planta. Esperaba una respuesta rápida, que no llegó.

URUGUAY
Reglas precisas
La cancillería uruguaya espera que se defina un protocolo muy específico sobre qué científicos, con qué frecuencia y en qué condiciones entrarán en la planta. Temen que se intente una presión desmedida sobre la pastera.

Réplica demorada
El presidente Mujica dijo que la discusión debe quedar en manos de los científicos. Pide despolitizar el conflicto y no aprueba todos los requerimientos argentinos.

Una expectativa que se diluyó
En el gobierno de Mujica son más escépticos sobre la posibilidad de acordar
Nelson Fernandez
La expectativa fue en vano. A la mañana todo parecía indicar que los desacuerdos por el monitoreo conjunto entre Uruguay y la Argentina llegarían a su fin con una fórmula que se acordaría al mediodía. Pero el gobierno de Mujica tenía firmes sospechas de que eso no ocurriría. ¿Por qué dejó que los medios insistieran en la posibilidad de un acuerdo escrito por firmarse ayer mismo?
Fuentes oficiales, que se manejaron con parquedad, explicaron que siempre existieron posibilidades para alcanzar un acuerdo y que, por otra parte, Uruguay no quería aparecer como el responsable de una negativa.
La demostración de buena disposición abrió, así, expectativas sin fundamento, que se fueron diluyendo con el correr de la jornada. Finalmente la pausa de 48 horas que los dos cancilleres se habían impuesto el miércoles, al reunirse en Buenos Aires, terminó sin novedades.
La confusión aumentó porque el vicecanciller del Uruguay, Roberto Conde, anunció que había acuerdo. ¿Error de este socialista que simpatiza con el gobierno argentino? ¿Movida política? ¿O mala interpretación de medios de prensa que se jugaron a titular "acuerdo cerrado"?
En el gobierno de Mujica, que quiso evitar que el vicecanciller quedara mal parado, dijeron que cuando se habla de "acuerdo político cerrado" se hace referencia a lo pactado por los dos presidentes.

Voluntad irreversible
"La voluntad política de llegar a un acuerdo es irreversible. Ahora se trabaja en la materialización y los detalles, para lo que es obvio que se necesita un intercambio de documentos", dijo el vicecanciller Conde.
Agregó que "el control ambiental será integral" y que "para que salven la relación ambiental y la seguridad de la vida de ambas sociedades, el acuerdo debe permitir el acceso pleno de la ciencia al estudio de todos los procesos productivos de todas las plantas que están vertiendo sus desechos sobre el río Uruguay".
Nunca quedó claro cuáles eran el punto o los puntos de discordia. Fuentes del gobierno oriental dijeron a La Nacion que la propuesta manejada por la Argentina no daba garantías sobre cómo se harían esos controles. Y que Uruguay está dispuesto a permitir el ingreso en UPM (ex Botnia), pero con un protocolo que dé garantías a la compañía sobre el respeto a sus procesos y a su organización.
Además, se mantenían las dudas acerca de quiénes podrían formar parte de la ejecución del monitoreo interno. El gobierno de Uruguay pretende que cada persona a la que se habilite el ingreso en la planta UPM cuente con aval de los dos gobiernos. Y, aunque no se informó si la Argentina pretendía que ese requisito no se cumpliera para sus delegados, se estimaba que ése es un punto que impide el acuerdo.