El vicecanciller de Uruguay, Roberto Conde, aseguró ayer a distintos medios locales que el acuerdo político sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay y de la planta de UPM (ex Botnia) “está cerrado”. “La voluntad política de llegar a este acuerdo es irreversible, ahora se está trabajando justamente en la materialización y en los detalles, y es obvio que se tenían que dar todas esta instancias de intercambio y de traspaso de borradores de una parte a la otra”, puntualizó.
“El control ambiental será integral y se convertirá en la base para la construcción de un acuerdo definitivo que le dé seguridad a ambas sociedades, no sólo que salve la relación entre los Estados”, añadió Conde. En lo referente al alcance del monitoreo, el vicecanciller señaló que “éste abarcará todo el curso del río, por lo menos el curso medio y el inferior, que son los que corresponden a la frontera uruguayo-argentina”, descartando definitivamente la participación de Brasil, que en algún momento estuvo en el tapete. Anoche, en fuentes de la Cancillería argentina afirmaban que aún faltan acordar algunos puntos para dar por cerrado el acuerdo.
Al conocer las declaraciones de Conde, Héctor Timerman escribió en Twitter que la Cancillería argentina desconocía a qué se refería cuando hablaba de un acuerdo cerrado, para a continuación explicar: “El acuerdo es simple: acceso irrestricto a los científicos para que controlen Botnia y todos los establecimientos industriales y agropecuarios en ambas márgenes del río Uruguay”. En este punto dijo coincidir plenamente con las declaraciones que el presidente José Mujica había hecho al diario La República en las que expresó que “los que van a entrar son hombres de ciencia, ni periodistas, ni piqueteros, ni políticos. Va a entrar gente que entiende, va a entrar la ciencia, porque si no estamos fritos, precisamos datos”.
Timerman agregó que el Gobierno argentino no pide nada que no esté dispuesto a ofrecer. “La posible contaminación del río Uruguay no afecta a un solo país. Sus efectos no respetan fronteras ni necesitan pasaportes. Por eso, a pesar de que el fallo de La Haya ordena monitorear sólo el funcionamiento de la planta de Botnia -UPM, la Argentina ofrece extender el mismo control a todo el río y a ambas márgenes”.
Más tarde, tras conocer lo escrito por Timerman, Conde avaló los dichos del canciller argentino en cuanto a que el control ambiental de las empresas ubicadas sobre el río Uruguay será pleno y que comenzará primero con la planta de celulosa de UPM, “porque estamos discutiendo sobre esa planta”, señaló, aunque luego no obvió decir que “el acceso pleno de la ciencia al estudio de los resultados del proceso productivo, no sólo de UPM, sino de todas las plantas industriales que hoy están vertiendo sus desechos o sus productos al río Uruguay”. En la jornada de ayer, la atención estuvo puesta en la Cancillería uruguaya, y en la reunión entre Timerman y el canciller Luis Almagro, que finalmente no se concretó.
Pese a las declaraciones de Conde, el acuerdo aún no fue anunciado, algo que en teoría podría materializarse en los próximos días, luego de que Almagro y Timerman se vean las caras, encuentro que tendrá que hacerse la semana próxima, al celebrarse una nueva cumbre del Mercosur, cuando se cumplan los 60 días de plazo para presentar el plan de monitoreo que Mujica y Cristina acordaron el 2 de junio.

Política pura
Por Mariano Thieberger
“Es un tema de control ambiental. No es un problema político y no debemos politizarlo”, dijo ayer Timerman. Ahora que la solución definitiva para el conflicto con Uruguay parece muy cerca, queda más claro que nunca que el tema es eminentemente político. Fue político en el peor momento de la relación entre Kirchner y Tabaré y lo es ahora en el acercamiento que muestran Cristina y Mujica. Serán científicos, y no políticos, quienes tendrán a su cargo el monitoreo de la pastera. Es lógico. Pero no fueron científicos los que metieron a los dos países en este lío. Tampoco los que ahora intentan sacarlos.