La represa hidroeléctrica Chihuidos, sobre la que pesan denuncias por supuestos sobrecostos que el Estado convalidaría de parte de las empresas adjudicatarias, tiene también un controvertido capitulo financiero. Ocurre que en este concurso aparecieron mencionados bancos que, en su momento, fueron señalados por legisladores de la oposición como meras pantallas para canalizar a través de ellos los fondos que administra la ANSeS, y que, según la denuncia presentada por el diputado de Coalición Cívica Juan Carlos Morán, participaron de un mecanismo para que sean esos fondos los que financien la obra, siempre que la represa fuera levantada por empresas consideradas “amigas del Gobierno”.
Para participar de la licitación de la obra a construirse en la provincia de Neuquén, los oferentes debían demostrar que contaban con fuentes de financiamiento privado. La UTE ganadora (Electroingeniería y CPC –la constructora de Cristóbal López) p resentó al Banco de Córdoba y al banco Macro . Pero ahora solo quedó el Macro , según afirmaron a Clarín fuentes de las empresas ganadoras.
En el Córdoba le dijeron a este diario que nunca ofrecieron poner plata para financiar la obra . “Solo nos postulamos para organizar, estructurar y vender en el mercado de capitales un papel de deuda que les permita a las empresas obtener los fondos necesarios, pero nunca estuvo en nuestros planes poner plata del banco. Además, se dejó claro que el Banco de Córdoba no compraría tal papel de deuda, en caso de que el mercado no cubriera la suscripción”.
De modo que ahora solo quedaría el Macro. Según las constructoras, existe el compromiso de la entidad presidida por Jorge Brito de aportar un crédito a 6 meses de plazo por 400 millones de pesos.
Sería un “préstamo puente” hasta que ingrese la plata del brasileño BNDES, que a su vez aportaría fondos porque hay garantías del Estado argentino.
Clarín consultó a uno de los máximos ejecutivos (y accionistas) del Macro, Ezequiel Carballo. “No hay nada en firme, pero tenemos vocación de analizar la propuesta porque ambas empresas son clientas del banco”.

-¿Apoyarían financieramente el proyecto solamente porque cuentan con fondos de la ANSeS? -Son dos cosas independientes. Por los valores que se manejan estamos en condiciones de dar un préstamo por 400 millones porque no estaríamos vulnerando ninguna de las normas prudenciales del Banco Central. Pero además, el Macro es el principal receptor de plazos fijos de fondos previsionales desde antes de que las AFJP fueran estatizadas. Somos el banco con mayor patrimonio del mercado, el que más utilidades obtiene y el que tiene los mejores indicadores de solvencia. Es lógico que la ANSeS deposite en nuestro banco el 16% de sus plazos fijos . Es, además, una porción que se mantiene constante, repito, desde que existían las AFJP.
El diputado Morán advierte que le llama la atención que el Macro reciba tantos plazos fijos como el Banco Nació n. Entre ambos bancos se reparten el 35% del stock de fondos depositados en el sistema financiero.
Su teoría (que además busca demostrarla ante la Justicia) es que hay un mecanismo que funciona así: las empresas constructoras cercanas al Gobierno consiguen financiamiento a partir de que bancos (supuestamente también cercanos al Gobierno) consiguen los fondos de la ANSeS que luego son prestados a aquellas empresas. En definitiva, es dinero público que financia las obras (con supuestos sobreprecios) que se adjudican a los amigos del Gobierno.
Tratándose de obra pública, las denuncias por sobreprecios no deberían llamar la atención. No tanto, al menos, como el hecho de que las constructoras que quedaron en el camino hayan pedido impugnar la licitación.
Tal lo que resolvieron hacer dos pesos pesados del club de la obra pública, Roggio y Pescarmona . Se sabe que rara vez las grandes empresas constructoras que participan regularmente de la obra pública salgan a hacer este tipo de reclamos.
El grupo conformado por las empresas Roggio, Corsan-Corvian, Esuco y Supercemento pidió en su momento que se realice un nuevo análisis de las propuestas debido a que errores metodológicos habrían afectado los resultados de la preclasificación.
Por su parte, la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) planteó que el mecanismo utilizado para la evaluación de las ofertas no estuvo debidamente especificado en los pliegos .
Con denuncias y dudas por el financiamiento, el Gobierno parece decidido a seguir adelante con esta mega obra.