Mendoza es el agua. Desde las comunidades huarpes, que antes de la llegada de los primeros colonizadores ya utilizaban el agua para cultivo y uso personal mediante canales de riego, pasando por el inca que los perfeccionó, hasta llegar a las sucesivas ondas inmigratorias que cambiaron la fisonomía de la vastedad del desierto mendocino al oasis que hoy día es.
El corazón del sistema esta formado por nuestros ríos, los diques embalses y los diques derivadores que palpitan el preciado elemento mediante canales matrices, primarios, secundarios, terciarios, colectores y acequias. Una buena parte de este trazado de vida fue realizado con el esfuerzo y sacrificio del sector privado.
En 1884, se dicta la primer Ley de Aguas de la provincia (gobernación Rufino Ortega), que incorpora como responsable del manejo del recurso al actual Departamento de Irrigación. Para el manejo del agua potable y afluentes cloacales surge lo que hoy se conoce como Obras Sanitarias Mendoza... En ésta se centra esta historia, que podría ser igual a otras tantas empresas del Estado que fueron privatizadas.
De nada sirve el debate sobre el futuro de la misma si pueblo y Legislatura no analizan los motivos de su privatización, poniendo blanco sobre negro, a los efectos de elaborar una ley que, al menos en Mendoza, ponga fin a una de las tantas ciclotimias que nos aquejan: la dicotomía entre propiedad pública ineficiente vs. propiedad privada eficiente y modelos económicos también dicotómicos, que nos anclan en falsas antinomias.
En 1993 Diputados aprueba la ley que llevó a la transformación de Obras Sanitarias (OS) Sociedad del Estado en OS Sociedad Anónima.Un artículo de esa ley aceptaba que la Provincia (nosotros, sus habitantes) pudiera vender sus acciones siempre y cuando lo aprobara la Legislatura. En 1996,el Senado provincial aprueba la venta de las acciones de la Provincia a un operador privado.
En 1998 se concretó la venta del 51% de las acciones estatales al sector privado. También en 1998 se creó el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), a los efectos de supervisar el cumplimiento de las cláusulas de concesión, prestación de servicios, relación con los usuarios, contralor de tarifas,inversiones, etc.
Pero, ¿qué sucedía en aquella época a nivel nacional? Un ilusionista vernáculo del neoliberalismo, ex presidente de los argentinos y actual senador nacional, con el verso político de mejorar las prestaciones de los servicios públicos (el argumento), utilizó las privatizaciones para disminuir el déficit fiscal, pagar deuda externa y producir una espectacular concentración monopólica de la riqueza (las verdaderas razones).
Era mucho más fácil utilizar este argumento que la búsqueda de una solución efectiva a la crisis del sector. Se utilizaron las prescripciones provenientes del marco ideológico neoliberal, ausentes de fundamento empírico, en lugar de las lecciones provenientes de la historia (en especial aquella que enseña que los países desarrollados universalizaron sus servicios de agua potable y saneamiento mediante un proceso que transitó por la regulación de las empresas privadas, la desprivatización y luego la estatización, comenzando por la escala municipal).
El debate fue remplazado por fórmulas simplistas, derivadas de una ideología disfrazada de teoría económica rigurosa. Los adláteres provinciales de aquella época, con una aceptación acrítica lisa y llana, acuciados por razones parecidas siguieron el camino trazado por el ilusionista.
El liberalismo no es malo per se. Cuando se cargó al orden feudal y generó el capitalismo moderno fue en el sentido de la historia (idea de progreso y perfección gracias a la razón). Un ejemplo actual es el de Japón, cuyo desarrollo es el resultado de una profunda intervención estatal, y nadie puede decir que es un país de la órbita socialista. El liberalismo es malo cuando, al menos en nuestro caso, los gobernantes lo complementan con recetas de la picaresca criolla.
Sintetizando, el argumento utilizado hace 17 años para la privatización de OSM es casi el mismo que hoy se utiliza para su reestatización. En el ínterin, el Estado provincial no cumplió, el concesionario no cumplió, el EPAS no cumplió y el verdadero dueño del servicio (el usuario) padeció estoicamente de una prestación poco digna, pagando todos los incumplimientos.
A nuestros legisladores les propongo algunos humildes aportes a tener cuenta en esta nueva vuelta de tuerca reestatizante:
a) Complementando lo que estipula la Constitución de la Provincia en su artículo primero, debe considerarse al agua como un recurso estratégico, un bien público y un derecho del ciudadano cuya provisión y satisfacción deben recaer en manos del Estado. El ciudadano de la provincia no es un consumidor de la mercancía agua.
b) El servicio debe estar a cargo de empresas públicas, o bajo control público, que deben ser de propiedad pública y que la mayor parte del financiamiento requerido debe estar a cargo del Estado.
c) Debe facilitar la expansión y renovación de la infraestructura, optimizar la eficiencia en la gestión, la extensión de los servicios a la población no asistida y la reducción de la pobreza y desigualdad.
d) Resolver los problemas preexistentes irresueltos y sortear los obstáculos para la gestión sustentable y democrática del servicio que pueda dejar la gestión privatizadora.
e) Debe derribarse el mito de que las empresas públicas no tienen capacidad de planeamiento a largo plazo y evitar a toda costa que el Estado provincial sea a la vez prestador y regulador (EPAS).

Lamentablemente los mendocinos tendremos que pagar un costo por lo hecho, sin responsables a la vista. Espero que nos sirva de experiencia a todos, pueblo y gobierno, los efectos de no comprar nunca más espejitos de colores.

Begui Trovarelli - LE 6.146.083