Los pequeños consorcios de riego de Salta padecen complicaciones al momento de justificar al Gobierno provincial el destino del dinero para obras de infraestructura, mantenimiento y otras operaciones.
Por las características de la economía regional, en los lugares más alejados de la ciudad no circulan facturas y, con mucha suerte, se pueden conseguir algunos tickets. Comentan que ante un desperfecto técnico de un vehículo, el mecánico no emite comprobantes, tampoco lo hacen las personas que realizan un trabajo en el sistema de riego.
Martín Lecuona de Prat, quien presidió la Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Pública de Salta entre 2006 y mayo de este año, y actual presidente del Consorcio del río Chicoana, señaló que “a los pequeños consorcios se les exige una rendición de cuenta igual a la de otros entes que manejan obras o fondos públicos. No se trata de mucho dinero, son entre $12 mil y $15 mil por año, y se pagan en forma trimestral. Si ellos tienen que arreglar alguna máquina, en Seclantás por ejemplo, el trabajador no le emite factura. Esas realidades objetivas hacen que las rendiciones sean complejas y que frenen la distribución de los fondos. Sería óptimo que el dinero sea entregado como subsidio”.
Desde hace más de 10 años los consorcios de riego se encargan de la distribución del agua para las hectáreas productivas de Salta. Para solventar los costos operativos estas entidades, conformadas en su mayoría por los productores agrícolas, cobran a cada beneficiario una prorrata que varía entre $70 y $90 anuales por hectárea. Además, los usuarios deben abonar un canon al Gobierno por el derecho al uso del agua. De ese concepto, el 90% puede ser solicitado por el consorcio a través de un proyecto para mejorar el sistema e invertir en obras de infraestructura, mientras que el 10% se destina para los pequeños consorcios de riego. Este fondo es el que genera complicaciones a los consorcios más chicos al rendir cuentas al Estado.
Oscar Dean, coordinador general de Gestión Hídrica de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, informó que hay 54 consorcios en el territorio provincial, de los cuales 15 fueron calificados como pequeños.
Para determinar la dimensión se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas de riego y el tipo de producción. Un pequeño consorcio no debe tener a cargo el riego de más de mil hectáreas y la producción sólo debe ser de subsistencia. El funcionario explicó que existen 277 mil hectáreas concedidas para el uso de agua, pero sólo el 60% lo hace a través del consorcio. “Hay muchos usuarios individuales que están en lugares lejanos y hacen una toma del río o arroyo”.

Estudian modificaciones
Dean reconoció que es complicado para los pequeños consorcios hacer las rendiciones, “por eso ya estamos analizando el tema para salvaguardar la situación. Es que el gasto de los fondos ya está hecho y el área contable rechaza algunos comprobantes, por eso veremos cómo se soluciona. Una opción puede ser que la Policía avale el comprobante”. La categoría más alta del canon total que se cobra a los productores fija $37 por hectárea al año. Dean explicó que el canon por el derecho al uso del agua propiamente dicho es la mitad de ese valor, es decir, $18,5. De esta forma, para el fondo de los pequeños productores se destinan $1,80.

Caudales, debajo de la demanda
José Rodríguez, presidente del Consorcio del Río Toro, aseguró que los consorcios cubren todas las áreas de riego, pero señaló que el nivel de caudales está por debajo de las demandas de los productores. Destacó que mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno para mejorar la situación de los sistemas.
Rodríguez se mostró preocupado por la falta de desagües hídricos, aunque aclaró que esas obras no les corresponden a los consorcios, que sólo se encargan de la distribución del agua.
Por su parte, Martín Lecuona de Prat señaló que únicamente “el consorcio de El Tunal puede regular los caudales de agua, el resto son de cauce abierto”.
Entonces, entre agosto y diciembre, cuando hay mayor demanda de los usuarios, hay menos agua”. Para optimizar el uso del recurso, Lecuona indicó que se deben concretar reservorios y obras para regular los caudales.
“Desde 1998 los consorcios se consolidaron. Hay menos conflictos”, dijo Lecuona