La aprobación legislativa que reclama el Gobierno para extender la intervención en Obras Sanitarias Mendoza (OSM) (pero especialmente para asistir financieramente a la empresa con 10 millones de pesos para paliar el déficit operativo que presenta), navega en un mar de dudas.
Si bien, la oposición del Frente Cívico Federal es grande y como manifestó César Biffi presidente de la UCR y uno de los dirigentes de peso dentro de ese espacio político, "estamos más cerca del no que del sí"; por lo bajo la sensación es otra y se admiten otras posibilidades.
"Realmente diría que no pero no se qué puede pasar con el funcionamiento de la empresa si rechazamos ese punto", deslizó otro peso pesado.
En tanto el senador y presidente del Confe, Juan Carlos Jaliff, se sinceró y dijo: "Estamos metidos en un brete".

Críticas por doquier
Casi sin distinción de partidos, los legisladores critican fuertemente la forma en que se manejó la intervención de OSM y fustigan el crecimiento "formidable" en los gastos corrientes, que ahora el Estado pretende cubrir.
"De un presupuesto de 47 millones de pesos para personal en 2009, pasaron a 80 millones de pesos en 2010 y en agosto hay otro aumento del 20% para el personal, es una cosa de locos", criticó el diputado Roberto Blanco de Unidad Popular, que también integra el Frente Cívico.
"Fue una pésima intervención que estuvo muy lejos de ser austera", opinó por su parte el demócrata Roberto Pradines.
En tanto, el senador radical Sergio Moralejo afirmó: "Si la estás estatizando porque no funciona, pedís racionalidad en el gasto. Pero los números de la intervención muestran un aumento en gastos formidables", comentó.
Hasta el propio presidente de la Cámara baja, el peronista Jorge Tanús dejó entrever cierta molestia. "Cae mal esto de los gerentes (ganan más de 20 mil pesos), se los podría dejar afuera" consideró.

La disyuntiva opositora
Pero más allá de las quejas por el desmanejo, diputados y senadores opositores están en una disyuntiva. "Han sido desastrosos con la intervención, pero hay riesgos de que no se paguen los sueldos y se paralice la empresa", indicó Blanco. "Aumentaron la planta de los gerentes, pero del otro lado está el agua de los mendocinos", sintetizó el cobista Alexandre Maza.
La ley que envió el Ejecutivo contempla la extensión de la intervención por 60 días más, autoriza a anticipar 10 millones de pesos destinados a gastos corrientes a fin de cerrar sin déficit el proceso de intervención y fija un plazo de 90 días para acordar entre oficialismo y oposición el formato de la futura nueva empresa de aguas y saneamiento, el marco regulatorio y los planes inversiones.
Ampliar la prórroga es un hecho y nadie lo discute, pero cuando de recursos económicos se trata, los criterios van de un extremo al otro.
Los demócratas no piensan aprobar el desembolso y aseguran que se mantienen "inflexibles" en esa postura. Ante esa negativa, el Frente Cívico Federal ocupó el centro de la escena y es donde el oficialismo tiene depositadas las esperanzas para conseguir la sanción.

Las opciones del Frente
Hoy a las 8:30 en el Salón Azul de la Casa de las Leyes, los legisladores del Frente se juntarán a definir con qué postura bajarán al recinto.
Dentro de un cúmulo de alternativas, hay 3 opciones que llevan la delantera: la primera, aprobar el préstamo para que OSM pueda seguir funcionando, pero imponiendo condiciones; la segunda, un rotundo voto "no positivo"; y la tercera, una opción que creció exponencialmente en las últimas horas: la "abstención", lo que implicaría darle la posibilidad al PJ de aprobar la ley pero recordándoles que la responsabilidad es exclusivamente de ellos.
"De una forma u otra creo que va a salir. En el peor de los casos será la abstención", pensó en voz alta un diputado del Frente.
Por las dudas, desde el PJ aclararon que están abiertos a sugerencias y probables modificaciones al articulado de la ley.
"Queremos que salga por consenso y no perder el nivel de acuerdos. Después hay que tratar la ley de fondo, la nueva OSM", explicó Tanús.

Renuncias y cuestionamientos
Más allá de la prórroga a la intervención y el apoyo económico que el gobierno pretenden dar a OSM, hay varias aspectos y en especial cuestionamientos, que quedan dando vueltas. Estos tienen como punto de partida la intervención pero se remiten al futuro cercano de la prestadora de servicios de agua potable y cloacas otra vez en manos del Estado mendocino.
Por un lado el rol del ente de Control. "Qué hicieron durante este tiempo los responsables de controlar a la prestadora si después pasaron a ser parte (dentro y afuera) de la intervención y detectaron que la empresa es un desastre", opinaron.
En este sentido, Roberto Blanco se animó a dar su opinión y fue tajante: "si sigue la intervención (Gonzalo) Dávila no puede seguir al frente, tiene que renunciar".
Por otra parte, algunos observadores también sugieren que "la intervención debe seguir todo el tiempo que sea necesario hasta crear una nueva OSM estatal para beneficio de todos los mendocinos. Debe nacer con el pie derecho, con la ley apropiada, el marco regulatorio, las competencias del EPAS, el esquema tarifario, el plan estratégico y el control parlamentario que asegure el consenso de todos. La empresa tiene que ser conveniente a todos los mendocinos y no puede bajo ningún concepto condicionarse con los tiempos".

A la caza de votos en una maratón legislativa contrarreloj
Hoy será un día de sesiones simultáneas en la Legislatura. En Diputados, a las 11 y en el Senado por la tarde, deberán expedirse sobre el futuro de Obras Sanitarias Mendoza, ya que el plazo de la intervención vence con el primer minuto del martes.
En la ley que envió el Ejecutivo mendocino hay dos aspectos centrales. La ampliación de la intervención por otros 60 días, lo que no ofrece resistencia en el resto de las fuerzas y en segundo lugar, la asistencia financiera a la empresa por parte del Estado. En este punto la situación se complica.
En esta oportunidad el Partido Demócrata dejó de ser el árbitro. Luego de admitir y sostener que no "avalarán el despilfarro" de 10 millones de pesos para ayudar a la intervenida OSM, los gansos le trasladaron la responsabilidad al Frente Cívico Federal.
El coborradicalismo tiene en su poder la balanza y el oficialismo está más que necesitado de una porción de sus votos para dejar en firme la ley. Para aflojar la resistencia los jaquistas aseguran que "se puede perfeccionar el articulado" colocando "restricciones y controles" al manejo de los fondos, indicó Jorge Tanús presidente de Diputados.
Sin embargo, mientras aguardan por una respuesta del Frente, los legisladores del PJ también se reunirán (en la oficina de Tanús) hoy a las 8:30 para debatir los posibles caminos a seguir.
A la hora de las cuentas, en la Cámara Baja los oficialistas se atribuyen 21 votos a favor, de los 24 que necesitan. Se requiere de mayoría simple (la mitad más uno) para aprobar la norma.
Además de los 14 diputados del bloque (Nélida Martínez está con parte de enferma) cuentan entre sus filas a los 3 legisladores de Eje Peronista, los bloques unipersonales de Daniel Cassia (PJ federal), Luis Orbelli (PJ), Ricardo Puga (PIM) y Néstor Piedrafita (ARI). Igualmente aclararon que no es incondicional la postura y condicionaron el voto a la redacción final.
En el Senado la situación similar. Con el PD en contra (4 senadores) y las 17 bancas del Frente (ARI, UCR, Confe y UP), el oficialismo está a 3 votos de obtener el mínimo para la sanción definitiva. Entre el bloque que responde a Jaque y el Eje Peronista, suman 17.

Puntos clave

Intervención: el 3 de agosto de 2009 el Gobierno de la provincia decide intervenir OSM y aumentar un 31% la tarifa de agua.

Al Estado: el 12 de julio el gobernador Celso Jaque anuncia la caída de la concesión.

Plazos: la intervención termina su mandato mañana (27 de julio) por lo que la prórroga por 60 días que pidió el Ejecutivo debe ser aprobada por la Legislatura hoy.

Danza de millones: entre las dudas de la oposición para aprobar los 10 millones de pesos está el destino específico de los fondos entre otros argumentos.

El rojo: desde el oficialismo han señalado que OSM tiene un rojo mensual de entre 4,5 y 5 millones de pesos y arrastra un déficit anual de 50 millones de pesos.

Más gastos: pese a la delicada y deficitaria situación, la intervención duplicó los gastos en sueldos.