El vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda, José Luis del Giudice, planteó su preocupación por las conexiones clandestinas detectadas en el acueducto principal de la red de agua potable en las 218 viviendas sociales del barrio Margen Sur de Río Grande, que fueron habilitadas el pasado miércoles.
El funcionario recordó que tras la habilitación del servicio, los adjudicatarios debían presentar la documentación original de sus viviendas a la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio de Río Grande, para que les habiliten la conexión domiciliaria. Esto debía acompañarse con una copia del plano original de la vivienda, pero las mismas “sufrieron ampliaciones y algunas modificaciones, y sobre ese plano se decide liquidar la conexión domiciliaria de cada uno de los adjudicatarios”, explicó.
Sin embargo, el pasado martes personal del Instituto Provincial de Vivienda detectó cinco conexiones clandestinas en dicho sector, por lo que desde el organismo advirtieron que ese accionar acarreará consecuencias en la prestación del servicio.
“Al no hacer la conexión una persona idónea, lo más grave que puede ocurrir es que rompan la red de agua”, dijo el funcionario, por lo cual “el IPV se ve obligado a reparar la red”. Finalmente, el vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda advirtió que este tipo de conexiones clandestinas se trata de un “delito”.