Hoy, los jefes de fracción iniciarán la exposición de propuestas para definir si aprueban o no el expediente número 14.757, el cual tiene ocho años de estar en discusión en la Asamblea Legislativa.
Dicho proyecto busca reformar el artículo 121 de la Carta Magna para incluir a “las aguas de dominio público” dentro de los recursos que no pueden salir del dominio del Estado, tal como el petróleo y las frecuencias radioeléctricas.
La iniciativa contó durante ocho años con el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN).
Pero ahora los verdiblancos se oponen al plan pues, al igual que el Movimiento Libertario, consideran que el agua está ya bastante protegida por la ley.
Ambas fracciones también alegan que, si se aprueba el proyecto como está planteado, las concesiones de agua tendrían que ser otorgadas por el Congreso.
Lo anterior se debe a que el artículo 121 de la Constitución Política da a la Asamblea Legislativa la función de conceder permisos de uso de los recursos que no pueden salir del dominio del Estado.
A criterio del PLN y del Libertario, tener que realizar dicho trámite ante el Congreso podría frenar el desarrollo de proyectos turísticos e hidroeléctricos.
Actualmente, las concesiones están en manos del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Nuevo criterio. Los liberacionistas anunciaron, el pasado martes, su cambio de postura con respecto a la enmienda constitucional.
Viviana Martín, jefa del PLN, indicó que un criterio jurídico emitido por tres abogados a pedido de la fracción, señala que si se aprueba la iniciativa existe la posibilidad de que las concesiones de agua se deban decidir en el Congreso.
Frente a tal posibilidad, Martín alegó que el recurso hídrico ya es protegido por la legislación vigente. Mencionó, por ejemplo, que el artículo 2 de la Ley de Aguas lo declara propiedad de la nación.
También citó el artículo 4 del código de minería, el artículo 50 de la ley orgánica del ambiente y varias resoluciones de la Sala IV.
Debido a lo anterior, la legisladora anunció el apoyo de su bancada a una reforma para incorporar el derecho humano al agua en el artículo 50 de la Carta Magna.
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Frente Amplio consideran que el cambio de postura del PLN se debe a un acuerdo con el Libertario.
Estos partidos alegan que sin reforma se corre el riesgo de que pueda privatizarse el agua.