LOS RIOS y arroyos de la Argentina se hallan expuestos al riesgo de diversas formas de contaminación, de acuerdo con la zona en que se encuentren. Algunas acciones oficiales (no demasiadas, por cierto) pretenden hacer frente a aquellas agresiones, pero está lejos de conseguirse los resultados que debieran esperarse, a fin de preservar los cursos, muchos de los cuales son utilizados como fuente de abastecimiento de agua potable para pueblos y ciudades.

QUIZAS EL caso más elocuente sea el del Riachuelo, que bordea la ciudad de Buenos Aires y la separa de la Provincia en un considerable recorrido. No pueden olvidarse sucesivas promesas de llevar a cabo su saneamiento; entre ellas, la del plazo estipulado de mil días. Mil días que se multiplicaron quién sabe por cuántas veces, sin que la obra se haya realizado. Cada tanto, se vuelve a hablar de los dramas que supone la existencia del Riachuelo, donde las más variadas formas de contaminación están presentes, al punto de haberlo convertido en una abominable muestra de abandono y de putrefacción.

UNO DE LOS aspectos más significativos del problema es que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación llegó a intervenir y ordenó, hace ya un par de años, tanto al gobierno central como al bonaerense, que instrumentaran las medidas enderezadas a su limpieza y saneamiento. Cosa que, hasta el momento, tampoco ha ocurrido, como si la determinación del Alto Tribunal fuera apenas una pálida expresión de deseos. Los plazos fijados por la Corte para efectuar inspecciones, estudios y otras tareas inherentes a su transformación se han cumplido con exceso.

CIENTOS DE miles de pobladores viven cerca de las riberas del Riachuelo y son los primeros destinatarios de los olores y del altísimo grado de contaminación que allí se genera. Para esas personas, ya nada parece alcanzar el valor de un compromiso próximo a cumplirse. Están hartas de sonados anuncios oficiales, de investigaciones y de denuncias. La única esperanza que les queda (hasta ahora, con una expectativa teñida de desconfianza) es que la resolución de la Corte Suprema empiece a cumplirse. Porque, si ni siquiera ello sirviera, se preguntan, ¿qué expectativa podría subsistir?

"SE TIENE que castigar al contaminador y meterlo preso, si no resuelve la contaminación que generó. La impunidad nos juega en contra. Mientras no ataquemos a la corrupción, madre de nuestras mayores desgracias, todo nos resultará imposible", se quejó amargamente Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Amigos de La Boca, una de las varias organizaciones no gubernamentales encargadas de monitorear el cumplimiento del fallo judicial. Es por ello que el caso del Riachuelo se interpreta como una síntesis de la indiferencia nacional por cuestiones prioritarias que afectan a la gente y de la citada impunidad con que se premia a quienes (en el caso de marras) contaminan con descaro un curso de agua, situado a pocos kilómetros de la sede del gobierno central. Justamente, si el propio Estado es el que incumple decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué podrá esperar el ciudadano argentino?

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Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Nación y a la provincia de Buenos Aires iniciar la limpieza del Riachuelo; sin embargo, todo sigue igual.