El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados para hacer efectivo un aporte de 500 millones de pesos a los gobiernos comunales, a través de la creación de un Fondo de Fortalecimiento de los Servicios Municipales, amenaza con convertirse en el eje de fuertes debates entre el oficialismo y la oposición y dentro del propio bloque del Frente para la Victoria en el reinicio de las actividades parlamentarias en la Cámara baja.
Es que, todavía en voz baja, legisladores de la bancada oficialista ya lanzaron reclamos por el reparto de ese fondo previsto por el proyecto de ley, basado en un esquema que, denuncian, "parece hecho con especial atención para beneficiar a los municipios del Conurbano en detrimento de los del interior provincial".
El planteo ya fue formulado al interior de la bancada conducida por Raúl Pérez por diputados oriundos del interior y con fuertes vínculos con los intendentes de sus distritos, y amenaza con generar un fuerte debate en torno al proyecto, resistido también por sectores de la oposición.
Así, sin fecha prevista aún para la primera sesión tras el receso invernal, en la Cámara de Diputados bonaerense todas las miradas están puestas en el proyecto girado por el gobierno provincial para lograr una ampliación presupuestaria que permita conseguir un nuevo permiso de endeudamiento por 1.600 millones de pesos.
La iniciativa, seguida de cerca por el Ejecutivo, que la considera indispensable para "blanquear" los aumentos salariales a estatales entre otros movimientos, contiene ese aporte extraordinario de 500 millones de pesos para los municipios, destinado a la realización de obras de "infraestructura social" pero que, en rigor, podrá ser usado para financiar gastos corrientes, como informó EL DIA.

SISTEMA DE CALCULO
La iniciativa comenzará a ser formalmente analizada la próxima semana en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde comenzarán a plasmarse los reparos presentados por diputados del oficialismo y la oposición con respecto a lo que consideran que es un injusto reparto definido por la ley.
De acuerdo a lo que establece el proyecto, los 500 millones de pesos serán repartidos de la siguiente manera: 100 millones corresponderán a unos 14 municipios que integran la denominada cuenca del Río Matanza-Riachuelo; los 400 restantes, se repartirán entre los restantes 120 distritos a partir de un esquema que tomará en cuenta la extensión territorial (el 10%) y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), una variable medida por última vez en el Censo de población de 2001.
"El cálculo es una chicana, parece hecha para que el Conurbano reciba más dinero que el interior provincial", se quejó un legislador del oficialismo fuera de micrófono, al tiempo que adelantó que trasladará reclamos de intendentes del interior para establecer modificaciones a ese cálculo. La contrapropuesta, se anticipa, será que el reparto siga el criterio de la asignación de fondos por la coparticipación de impuestos a los municipios.

EN LA OPOSICION
El rechazo a aprobar el proyecto tal como "cruzó" del Ejecutivo por parte de legisladores oficialistas complica un panorama ya de por sí complejo para la iniciativa, que también cosecha fuertes oposiciones de otros bloques. Desde la UCR, por caso, plantean reparos en el mismo sentido, esgrimidos en defensa de los intendentes bonaerenses de su signo, todos del interior provincial.
En tanto, desde el peronismo disidente de Unión PRO también anticiparon reparos a la norma; una postura a la que se sumaría el GEN y la Coalición Cívica.
En ese marco, y a pesar de la premura con la que aguardan la sanción de la ley, desde el propio Ejecutivo ya reconocen que el proyecto podría tardar al menos un mes en sancionarse, un cálculo que ayer algunos calificaron como de "demasiado optimista".