A medio camino entre la preocupación y la desconfianza, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú analizaba al cierre de esta edición los términos del acuerdo firmado por los presidentes de la Argentina y Uruguay para monitorear la pastera UPM (ex Botnia). Mientras esperaban la opinión de sus técnicos y especialistas, sólo una cosa parecía cierta en el Club Frigorífico, donde se daba el cónclave: lejos está el convenio de cerrar el conflicto.
A la incertidumbre por los alcances del breve documento leído ayer por el canciller Héctor Timerman se sumó, además, la ansiedad por una noticia llegada desde el juzgado federal de Concepción del Uruguay, que volvió a citar a los diez asambleístas denunciados penalmente por el Gobierno para que presenten a sus abogados.
"No quiero ser apresurado, pero ¿vos entendiste lo mismo que yo?", preguntaba el abogado y ex intendente de Gualeguaychú, Luis Leissa, luego de escuchar con sorpresa que el acuerdo fijaba un máximo de doce controles anuales a Botnia. "Nosotros propusimos un seguimiento permanente y mucho más riguroso que esta versión light y permisiva", agregó. Y concluyó: "Esto, así como está, de ninguna manera cierra el conflicto".
La misma sensación de incertidumbre invadía al coordinador de la Asamblea, Roberto Marchesini. "Estoy muy preocupado, esto no es lo que nos prometió Timerman", dijo a LA NACION, para insistir en el límite de doce controles anuales: "No me quiero apurar, pero nosotros le propusimos al Gobierno un control de 365 días al año y esto [por el acuerdo] se parece más a entrar en la pastera una vez por mes para sacar una foto, mientras Botnia posa".
El 6 de julio, Timerman recibió una propuesta de monitoreo de parte de los asambleístas, a quienes les prometió que el Gobierno aspiraba a ir más allá del control planteado inicialmente por el fallo de la corte de La Haya. En ese documento, los vecinos de Gualeguaychú proponían un control constante de por lo menos tres meses en la planta y de un año fuera de ella, con análisis diarios, semanales y quincenales de los efluentes líquidos y emisiones gaseosas. También detallaron con precisión los elementos contaminantes por relevar y sus máximos tolerables.
El convenio difundido ayer, si bien establece un control científico de ambos países sobre Botnia y fija la publicidad de los resultados de los análisis científicos, tal como requerían los ambientalistas, deja abiertos al "acuerdo de las partes" el tipo de seguimiento y la tecnología que se empleará en el monitoreo del agua y el aire.
Esa indeterminación, pero sobre todo el límite de doce controles anuales a Botnia, fue lo que despertó la desconfianza de la Asamblea.
El asambleísta José Pouler tampoco se mostró satisfecho por el acuerdo suscripto ayer entre los presidentes de ambos países. "Habrá que leerlo bien y después contestaremos", aclaró, antes de dar su opinión: "Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable". Similar postura tomó Jorge Fritzler: "No hay que apresurarse, pero hay cosas del acuerdo que no cierran, principalmente que no haya un monitoreo continuo".

Alerta desde la Justicia
Lo que también inquietaba anoche a los asambleístas era la citación que cursó el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, a los diez asambleístas denunciados penalmente por el Gobierno por liderar el corte sobre la ruta internacional 136. Pimentel había rechazado originalmente el decreto firmado por la Presidenta, al afirmar que el corte no constituía delito.
Pero, tras la apelación de la fiscal Daniela Neyra y la confirmación de la Cámara Federal de Paraná, el magistrado les dio tres días a los dirigentes para que presenten sus abogados. "O es una garantía de un buen juez preocupado por la defensa de los acusados o es una amenaza para quienes ni siquiera figuran como imputados en la causa", señaló un asambleísta a LA NACION, sin perder de vista que la citación llegó el mismo día en que el Gobierno daba a conocer el acuerdo con Uruguay.
Hoy, un grupo de asambleístas se trasladará a la Capital Federal para protestar, a partir de las 11, frente a la embajada de Finlandia, país de origen de la pastera.