“Este acuerdo responde claramente a las expectativas de Uruguay, en una nueva jugada donde otra vez, Uruguay gana todo lo que había propuesto.
Y no creo que ni Timerman esté conforme con esta firma”, dijo ayer a Clarín el asambleísta José Pouler. “Creo que la Presidenta está muy mal orientada, como ha estado siempre. No sé para qué fuimos a La Haya, si terminamos haciendo este triste y lastimoso convenio”.
En tanto, el abogado Osvaldo Fernández subrayó que el Gobierno tiene obligación de permitir el acceso a la información pública y comunicar exhaustivamente qué se acordó y permitir luego el acceso a todos los datos monitoreados. “Eso hemos pedido en la reunión que tuvimos con el Canciller, pero aún no hemos recibido respuesta” , dijo.
Tras aclarar que todavía no cuentan con información suficiente acerca de los contenidos del acuerdo, José Pouler señaló que “al parecer, van a monitorear ambas orillas de acuerdo a los parámetros de la DINAMA en Uruguay y de un organismo oficial en Argentina”. En el caso de nuestro país, “esperemos que no nombren al INTI con Martínez, no por el organismo, que es excelente, sino por Martínez, que apoya las pasteras y deja mucho que desear”.
El agua y el aire son iguales en ambas orillas y deberían monitorearse con parámetros idénticos, no con parámetros diferentes según cada país, apuntó el asambleísta. “También dejaron claro que no entrarán a Botnia sino que habrá sensores –apuntó Pouler–. Hoy escuché a Timerman defender todo lo contrario antes del acuerdo. No creo que esté conforme con esta firma a las apuradas después de negociar días contrarreloj sin llegar a ningún acuerdo, en donde el Uruguay siempre impuso sus condiciones”.
Para Osvaldo Fernández, “en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, tenemos libre acceso a la totalidad de la información para hacer las verificaciones y constatar que esto signifique realmente el cumplimiento de lo que la Corte de La Haya ha impuesto”, sostuvo.
Lo que pretenden, agregó, es “que no se torne una ilusión lo que en definitiva ha sido un mandato de los jueces de la Corte internacional de Justicia, y que como definición política sostuvieron ambos presidentes en la reunión de junio pasado en la estancia de Anchorena”. De lo contrario, “todo lo que no ayude a despejar las dudas va a traer intranquilidad y va a ser fuente de conflicto”, advirtió. “Estamos planteando es colectar las pruebas que faltan para que los jueces de los máximos organismo judiciales internacionales dicten una sentencia que disponga el desmantelamiento de Botnia”.
¿Por qué se arribó a estos contenidos? “Creo que la Presidenta está haciendo diplomacia –calificó Pouler–. Con esto enfría las otras 27 cuestiones que hay con Uruguay, entre ellas, la restricción de Moreno al ingreso de productos, muchos de ellos del Uruguay.