Las primeras reacciones de los asambleístas de Arroyo verde ante el acuerdo entre Uruguay y Argentina sobre el río Uruguay fueron negativas, aunque dijeron que iban a analizar más a fondo el texto.
Anoche se reunía la Asamblea de Gualeguaychú bajo el impacto de un acuerdo lejano a sus pretensiones y con la noticia de la reactivación de la causa judicial contra varios de sus líderes en el juzgado de Concepción del Uruguay. El juicio es promovido por el Estado argentino que les imputa 18 delitos y los acusados tienen un plazo de tres días para nombrar un abogado defensor. Asimismo, se aprestan a realizar hoy una protesta ante la embajada de Finlandia en Buenos Aires.

"Lamentable". José Pouler, uno de los líderes del ala dura de la Asamblea dijo en Radio 10 de Argentina que no le conforma el acuerdo. "Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable", señaló.
El activista dio señales de no conocer el texto de los presidentes. "Por lo que escuché en la conferencia este comité científico no va a entrar a UPM, por lo cual queda muy lejos de lo que se había hablado", dijo. El acuerdo establece que se realizará un monitoreo mensual en la planta, a cargo de un comité de cuatro científicos (dos uruguayos y dos argentinos) dependientes de la Comisión Administradora del río Uruguay (Caru) y la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay y que se colocarán sensores de emanaciones gaseosas.
"Hay que leerlo bien y después contestaremos. Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable. En lo personal para mí es lamentable, después lo analizará la Asamblea", dijo. "Nuestra intención es que se vigile para demostrar que contamina y (UPM) se tenga que ir", señaló.
En tanto, el abogado de la Asamblea, Luis Leysa, informó que los técnicos asesores analizan el acuerdo para luego pronunciarse. Estimó que el control de los efluentes gaseosos a que aspiraban era "más periódico (de 15 días y en algunos casos muestras diarias) y acá se habla de tiempos mucho más espaciados".

Juicio. En tanto, se informó ayer en los medios entrerrianos que los diez asambleístas que habían sido denunciados por el gobierno, comenzaron a recibir notificaciones para que definan abogado defensor y constituyan domicilio en Paraná en un plazo de tres días hábiles.
Los asambleístas habían pedido al gobierno que retirara las querellas civiles y penales, luego que levantaron el corte por 60.
Los delitos penales de que se acusa a dirigentes ambientalistas son homicidio culposo, amenazas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Marcha. Los asambleístas esperan reunir hoy unas 300 personas ante la embajada de Finlandia en una concentración prevista para la hora 11 para "expresar la responsabilidad que le cabe al Estado finlandés en el conflicto por Botnia".
Los manifestantes leerán una proclama que quisieron entregar en la embajada sin que tuvieran respuesta.

La cifra
18 son los delitos que el gobierno argentino imputa a una decena de dirigentes de la Asamblea de Gualeguaychú ante un juez.