El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la apertura de una investigación por posibles sobreprecios en la licitación de la mega obra para la construcción del complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Las inconsistencias fueron reveladas por Clarín y luego denunciadas de forma separada por la Coalición Cívica y tres abogados particulares y negadas por el Gobierno. En el escrito ­al que accedió este diario-, el fiscal solicita al juez Marcelo Martínez de Giorgi que cite a declaración testimonial al ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien dijo a los medios que, mientras él manejaba la provincia la obra estaba presupuestada en 6 mil millones de pesos y luego, "inexplicablemente llegamos a esta cifra de 15.800 millones".
El complejo costará aún más que el proyecto del tren bala y busca garantizar la oferta eléctrica en la tierra del matrimonio presidencial.
El proyecto tendrá una duración de seis años para su construcción.
Las denuncias apuntan también a un "direccionamiento" de los oferentes que concursan en esta licitación.
Aunque en un comienzo, se mostraron interesados seis consorcios de empresas, lo concreto es que a esta altura de la disputa sólo quedan tres grupos, dos de ellos de indisimulable simpatía kirchnerista. Se trata de la sociedad entre Corporación América (grupo Eurnekián), Pescarmona y la brasileña Camargo Correa por un lado; Electroingeniería, Cartellone e Iecsa por el otro. El tercer competidor está compuesto por Esuco, Roggio y Supercemento, quienes se sumaron a ultimo momento movidos por la presión oficial.
Entre los amigos del Gobierno que se favorecerían con la obra también se encuentra el empresario Lázaro Baez.
Según denunció la titular del ARI de Santa Cruz, Mariana Zuvic, varios de los campos que se expropiarán para este emprendimiento fueron comprados en los últimos tiempos por Báez, quien se convertiría así en el propietario de un negocio seguro.
En el requerimiento, el fiscal pide también citar a testimonial a Jorge Lapeña, el ex secretario de Energía que emitió un informe sobre la obra en el que dijo que habría habido duplicación de costos, compromisos riesgosos y bloqueo futuro de proyectos sobre el río Santa Cruz.
El juez Martínez de Giorgi decidirá luego de la feria de invierno si da curso a las solicitudes del fiscal.