Los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica acordaron que un comité científico integrado por técnicos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realice el monitoreo ambiental en todos los establecimientos agrícolas, industriales y urbanos que vuelcan sus efluentes sobre el curso de agua compartido.
El acuerdo consiste en conformar en un plazo de 30 días, en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un equipo científico de dos uruguayos y dos argentinos cuya función será monitorear el río y todos los establecimientos que vuelquen efluentes al río.
La comisión podrá ingresar hasta 12 veces al año a cada establecimiento –a razón de una visita por mes– y se tomarán muestras en el interior de las fábricas y en los lugres de volcado de desechos industriales, a fin de controlar el proceso de producción de cada emprendimiento. Cuando se analicen las fábricas sobre la margen oriental, procederá la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), junto con el comité científico, y se utilizará la normativa de la CARU y la uruguaya; mientras que en el caso de las empresas instaladas al otro lado del río, será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la que actuará en conjunto con el grupo de científicos y se utilizará la normativa argentina de la CARU. La primera fábrica en recibir la visita de la comisión será la pastera UPM (ex Botnia) y luego se seguirá con otro establecimiento del lado argentino y así sucesivamente. Y a medida que se conozcan los resultados de las muestras, se irán dando a conocer públicamente, respetando los tiempos científicos.
En una breve declaración, la presidenta Cristina Kirchner calificó de “ejemplar” el acuerdo alcanzado con Uruguay porque “le encontramos la respuesta a un problema de años que teníamos que superar”.
Tras la firma del convenio, los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro dieron una conferencia de prensa en la que el funcionario argentino destacó que se había alcanzado un pacto para la “implementación del acuerdo político alcanzado en Anchorena. De esta forma, se cierra un capítulo de nuestra historia y comienza otro que es el de la cooperación y del control medioambiental del río Uruguay y sus zonas de influencia”, sostuvo.
Timerman dijo además que el acuerdo representa “poner a la ciencia en el lugar que le corresponde”, dado que permitirá convertir al río Uruguay “en la primera frontera con total y absoluto control medioambiental”.

REPAROS. La noticia del acuerdo fue recibida de distinta forma en entre los asambleístas de Gualeguaychú. Si bien en términos generales los integrantes del colectivo ambiental manifestaron su conformidad con los aspectos centrales del plan de monitoreo, manifestaron algunas dudas respecto de los tiempos previstos para efectuar los controles en la planta de pasta de celulosa.
Así las cosas, aclararon que analizarán detenidamente el acuerdo firmado por los presidentes, pero solicitarán una reunión “urgente” con el canciller Héctor Timerman para que les aclare los aspectos que consideran vidriosos. Mientras tanto, no “apresurarán” decisiones respecto del corte de la ruta 136 antes del 19 de agosto.
“No hay que apresurarse, pero hay cosas del acuerdo que no cierran, principalmente que no haya un monitoreo continuo”, afirmó Jorge Fritzler. “Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable”, arremetió José Pouler.
Menos confrontativo, Juan Veronessi consideró que “en términos generales, el control interno es muy positivo, pero no cualquier modalidad es válida”. En diálogo con EL DIARIO, el asambleísta admitió que no estaba de acuerdo “con la realización de controles mensuales”. Sin embargo, apuntó que “si los técnicos entienden que es posible hacer un control una vez al mes, habrá que analizar cómo se instrumentan esos controles para evitar que la empresa manipule a los técnicos y provoque cualquier desastre interno durante el resto de los días”, remarcó.
Veronessi remarcó que la Asamblea Ciudadana Ambiental “pretende que se realice un control total de las cañerías a través de las cuales se arrojan los efluentes al río, que es algo que no se ha podido hacer porque Uruguay estableció una zona de exclusión y las muestras se toman a varios kilómetros de la planta; y también que se tomen muestras de la salida de las chimeneas, porque entonces sí podría saberse qué es lo que manda Botnia al agua y al espacio. De no ser así, consideramos que es insuficiente. De todas maneras, el control dentro de la planta es importante porque los técnicos sabrían cuál es el impacto real que genera la planta”, aseveró.
Por su parte, Oscar Bargas también destacó que se arribara a un acuerdo para el control ambiental, pero planteó las dudas que genera el hecho de que los técnicos tengan limitaciones de ingreso a la planta de pasta de celulosa y explicó que para realizar un monitoreo continuo habría que “dejar censores y obtener información en tiempo real de cómo se desarrolla el proceso de producción y de lo que la planta arroja al agua y al aire. De otra forma sería como cuando uno detecta una falla en el auto y lo lleva al mecánico y entonces deja de hacerla”, ironizó el asambleísta.

Para destacar
Protesta en Buenos Aires . La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú volverá a manifestarse en Capital Federal. Alrededor de 300 personas se concentrarán frente a la Embajada de Finlandia para reclamar que ese país “asuma su responsabilidad en el conflicto”, ya que la empresa tiene capitales de ese país y el Estado es accionista en la fábrica.
Los asambleístas se concentrarán a partir de las 11 en Avenida Santa Fe 846, frente a la Embajada de Finlandia. “Vamos a expresar nuestro repudio y la responsabilidad que le cabe al Estado finlandés”, señaló Juan Veronessi, que además indicó que durante la protesta se leerá un petitorio y esperan una audiencia con la embajadora del país europeo, Ritva Jolkkonen, para entregarle el petitorio en mano.
“Finlandia nos manda aquí sus residuos y sus industrias sucias, que contaminan el medio ambiente, de manera que no puede desentenderse de este conflicto”, sentenció el asambleísta.

Qué dice el acuerdo
a) Conformar en el plazo de 30 días, en el seno de la Comisión administradora del Río Uruguay (CARU), un comité científico integrado por dos científicos uruguayos y dos científicos argentinos, a elección de cada país; la función del comité científico será la de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencias.
b) Para ello se procederá de la siguiente manera:
1- Cuando se trate de un monitoreo en la margen izquierda del río Uruguay, las acciones estarán a cargo de la Dinama acompañada por el comité científico de la CARU y se utilizarán para los monitoreos la normativa de la CARU y la uruguaya que sea de aplicación. Cuando se trate de un monitoreo en la margen derecha del río, las acciones estarán a cargo de la autoridad argentina de aplicación, acompañada por el antedicho comité y se utilizarán para los monitoreos las normativas de la CARU y la argentina que sea de aplicación.
2- La autoridad de aplicación que corresponda tomará las muestras; se tomarán muestras por duplicado, una de las cuales será entregada en el acto al comité científico de la CARU. Las determinaciones que se realizarán incluirán la utilización de censores así como todas las otras innovaciones científicas y tecnológicas que las partes acuerden, necesarias para el monitoreo de lo efluentes líquidos y la emisiones gaseosas que puedan acceder al río Uruguay.
3- El número máximo de ingresos de control del comité científico en cada establecimiento a monitorear será de hasta 12 veces por años.
4- La información que se obtenga del monitoreo será pública, respetando los tiempos científicos. Los resultados y conclusiones obtenidos por el comité científico serán elevados por la CARU al Estado parte correspondiente, a los fines de que implementen las acciones que resulten pertinentes.
c) El monitoreo del comité científico de la CARU comenzará con la planta de Botnia-UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay; seguirá en Argentina con un establecimiento lugar a elección de la parte uruguaya; a partir de entonces continuará alternativamente en uno y otro país.

Gendarmería notificó a los denunciados
EL JUEZ FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, Gustavo Pimentel, emitió las notificaciones a los 10 asambleístas de Gualeguaychú que fueron denunciados por el Gobierno nacional por el corte de la Ruta Internacional 136 en el marco de la protesta por la instalación de la planta de pasta de celulosa de Botnia, en Fray Bentos.
La Gendarmería Nacional notificó a Jorge Omar Fritzler, Sira Nidia Muñoz, Osvaldo Daniel Fernández, Juan Antonio Ferrari, Ana María Acosta, Paola Soledad Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella y José Gómez de la decisión de la fiscal federal subrogante Daniela Neyra de apelar la resolución por la cual se desestima la denuncia hecha por el Poder Ejecutivo.
La noticia generó un profundo malestar entre los asambleístas. “Es descabellado continuar con la denuncia, sobre todo porque en primera instancia el juez federal ya había minimizado la querella y de 18 delitos denunciados quedo sólo uno, que fue el corte de ruta. Pero es lamentable insistir con esto”, se quejó Juan Veronessi.
A partir de ahora, los asambleístas tienen tres días hábiles para designar a un abogado y sentar domicilio en Paraná. Luego la Cámara Federal de Apelaciones fijará fecha para la audiencia para analizar si corresponde seguir adelante con la denuncia presentada por el Procurador General del Tesoro Nacional, Joaquín Da Rocha, en representación del Estado Nacional.