Hay una buena noticia: dos científicos argentinos podrán ingresar a la planta de UPM (ex Botnia) a controlar si la controvertida papelera vierte líquidos o gases contaminantes al río Uruguay o a su zona de influencia. Hay una mala noticia: no se sabe cuándo ocurrirá esa novedad tan ansiada por los defensores del medio ambiente. Podría ocurrir en un mes o en un año.
Hay otra buena noticia: los científicos argentinos podrán ingresar un máximo de doce veces por año a ese establecimiento, con lo cual se podría controlar la planta una vez por mes. Hay otra mala noticia: no existe un mínimo de visitas anuales a esa fábrica, con lo cual –sin transgredir el máximo de doce visitas anuales– se podría ingresar once, ocho, seis, dos o una vez por año. La matemática indica que incluso se podría ingresar cero veces, pero a quien piense así le dirían que es un mal pensado.
Hay otra buena noticia más: los científicos argentinos podrán conseguir muestras de líquidos y gases en la propia pastera. Hay otra mala noticia más: las muestras serán tomadas por funcionarios uruguayos donde y cuando ellos lo decidan.
Todos esos datos surgen de lo que quedó escrito y de lo que no quedó escrito en el tratado que ayer firmaron Cristina Kirchner y José Mujica en Olivos para monitorear la contaminación en el Río Uruguay con un comité científico de cuatro expertos (dos argentinos y dos uruguayos) en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El documento es histórico porque introduce la preocupación ambiental en el manejo de una enorme área de frontera, un tema que no estaba contemplado en el estatuto de la CARU. Es histórico además porque busca terminar el diferendo por Botnia. También es muy importante porque pone por escrito lo que pretenden hacer Argentina y Uruguay con el río que los separa y los une. Si los defensores del medio ambiente lo leen con atención, verán que el texto es revolucionario, pero no tanto por el control sobre Botnia –una empresa que desde su inauguración sabe que está en la mira de un país entero y de ecologistas de todo el mundo– sino por la cantidad de recaudos que obligará a tomar de este lado del río. Allí dice que podrán controlarse los establecimientos agropecuarios, las industrias y los centros urbanos. Cualquiera que mire un mapa podrá ver que del lado argentino hay más desarrollo industrial, y –sobre todo– ciudades más pobladas que en la costa uruguaya. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que el Gobierno uruguayo está facultado para revisar qué comportamiento ambiental tienen los ciudadanos de Gualeguaychú, que tantos dolores de cabeza provocaron a Montevideo –y a la empobrecida Fray Bentos– ya que puede solicitar, por ejemplo, el monitoreo de las cloacas o de cualquier líquido o gas que salga desde la ciudad entrerriana hacia el río.
Todo indica que Uruguay no echará mano a la amplia variedad de herramientas que le concede el magnánimo gobierno argentino en el acuerdo presentado ayer para empeorar la relación bilateral: Montevideo necesita más de Buenos Aires que Buenos Aires de Montevideo. Eso quedó en evidencia en la larga lista de pedidos que trajo Mujica a su primer encuentro con Cristina. Pero si quiere, Uruguay tendrá a mano un documento que le servirá en el futuro para contestar –al menos en los papeles– muchas de las protestas argentinas.