El acuerdo de monitoreo conjunto del río Uruguay y de la pastera UPM (ex Botnia) alcanzado ayer por la presidenta Cristina Fernández y por su par oriental, José Mujica, generó rechazos en la Asamblea de Gualeguaychú. Lejos de quedar conformes, los ambientalistas remarcaron que los puntos acordados entre ambos mandatarios no satisfacen las expectativas que tenían para que el conflicto se encamine hacia una solución. A pesar de que destacaron que el gobierno uruguayo haya accedido a la toma de muestras dentro de la planta de celulosa, criticaron, entre otros puntos, que se establezca un número máximo de ingresos a la pastera. Los ambientalistas anunciaron que le pedirán al canciller Héctor Timerman una reunión urgente para que los informe acerca del alcance del acuerdo y de la forma en que se implementará. Por otra parte, el avance de la querella contra varios asambleístas que fueron intimados a nombrar un representante legal fue uno de los temas centrales discutidos anoche en la asamblea.
Mientras tanto, hoy desde las 11, se manifestarán frente a la Embajada de Finlandia en el centro porteño, para recordar que los capitales que permiten la operatoria de UPM provienen de ese país. En la ciudad ya se vuelve a hablar de marchas masivas sobre el puente internacional San Martín y de regresar al bloqueo del paso fronterizo con el Uruguay.
La primera reacción fue de confusión. La segunda, de indignación. En la ciudad entrerriana sintieron que la promesa de monitoreo permanente de la planta de celulosa se diluyó con la firma de este acuerdo. Lo escueto del documento acerca de cómo se llevarán adelante los procedimientos de control colaboró con la incertidumbre. La sensación de que lo firmado constituye –según ellos– un “monitoreo político en lugar de uno científico”, sumado a la celebración del canciller Timerman por “el fin del conflicto”, terminaron de configurar el rechazo de los ambientalistas. “Es una aberración. No hay nada positivo. Uruguay sigue actuando de mala fe y nosotros hemos sido engañados nuevamente”, le dijo a Página/12 José Pouler, uno de los integrantes del espacio. El coordinador de la asamblea, Roberto Marchesini, señaló que el documento “es totalmente diferente a lo que se necesitaba”. En el mismo sentido, el abogado Luis Leissa puntualizó que lo acordado “no pone el acento en el control de Botnia, sino que se diluye en el control a empresas de la margen argentina que Uruguay debería haber denunciado antes”. El letrado aseguró que será el grupo técnico de la asamblea el que deba analizar los puntos del acuerdo, ya que “es de interpretación equívoca y va a estar supeditado a qué es lo que se negocie en la CARU”, indicó.
Varios fueron los puntos que motivaron el rechazo entre los activistas. “Entrar doce veces al año no es lo que dice el artículo 281 del fallo de La Haya”, resumió Oscar Bargas. Por su parte, Jorge Fritzler aseguró que “no alcanzó las expectativas de la asamblea en cuanto a la vigilancia continua, ya que no monitorea en tiempo real”, al aludir a la promesa que en su momento les había formulado Timerman. “Si estas doce veces son suficientes está bien, si no habrá que buscar otra alternativa”, apuntó. Si la toma de muestras será sorpresiva o acordada con la empresa es una de las preocupaciones del movimiento, así como que la Dinama sea el órgano encargado de llevar adelante el muestreo en la margen oriental. La colocación de los sensores tampoco les generó certezas, ya que no está aclarado en el escrito rubricado por los presidentes si estarán funcionando de manera continua en el caño vertedero y en la chimenea de UPM, uno de los principales reclamos de los activistas. “Deberíamos tener más precisiones y aclaraciones sobre la forma en que se implementará”, subrayó Bargas. Todos los consultados coincidieron en que la posibilidad de extraer muestras dentro de la misma planta como la inclusión de las emisiones gaseosas de la pastera como un parámetro a ser medido constituyeron un avance.
Una de las principales preocupaciones por estas horas en Gualeguaychú es la querella que el Estado impulsó contra varios referentes del movimiento. Con la apelación de la fiscal al dictamen del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que había desestimado citarlos, el nuevo panorama los inquieta. Las diez personas recibieron la intimación para designar abogados defensores y consideran inminente su citación a declaración indagatoria. Bajo la manga, los abogados de la asamblea tienen previsto presentar las dos mil firmas de vecinos que solicitan que se los convoque porque prestaron conformidad con el bloqueo orquestado en la ruta 136 durante más de tres años. Tampoco descartan que sea una buena oportunidad presentarse en el juzgado a declarar para argumentar la postura que adoptaron en base a la defensa de un bien que consideran “superior”.