Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para el monitoreo de Botnia-UPM y del río Uruguay en los 500 kilómetros de cauce compartido. El tema fue destrabado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica, en una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos, acompañados por sus cancilleres. En lo central, establece que un comité científico, formado por dos argentinos y dos uruguayos, podrá entrar en la papelera doce veces al año para controlarla. También habilita la toma de muestras en el interior de la planta y el uso de sensores.
El acuerdo firmado por los jefes de Estado acepta los dos puntos centrales que reclamaba la Argentina: poder entrar en la planta y tomar muestras dentro de su predio. También les fija un límite, ya que los científicos podrán ingresar una vez por mes y no de manera irrestricta, como planteaba la Cancillería argentina. Otros temas quedaron abiertos y deberán ser negociados por los equipos técnicos de cada país. No se estableció, por empezar, qué tipo de muestras se tomarán, ni en qué lugares, lo que define qué es lo que se va a controlar. Aunque los dos gobiernos ya elaboraron su propuesta y la presentaron a la otra parte, la negociación no alcanzó para llegar a ese nivel de entendimiento.
Así, fueron superados los que eran hasta ahora los principales escollos que impedían avanzar en el diseño del monitoreo –entrar en la planta y tomar muestras–, pero todavía quedan por discutir muchos aspectos de su implementación concreta.

Un marco político
El texto firmado por Cristina Kirchner y José Mujica fue dado a conocer después de la reunión, y una de las dudas que generó inmediatamente su lectura fue si la toma de muestras en Botnia-UPM se realizará en presencia de los científicos argentinos, ya que el acuerdo dice en su artículo 2, de una manera vaga, “La autoridad de aplicación que corresponda tomará las muestras” (traducido, que la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya –Dinama–, que es la autoridad de aplicación en el país vecino, será la que tome las muestras en la papelera). Fuentes de la Cancillería argentina consultadas por este diario aclararon sin embargo que la Dinama estará “acompañada por el comité científico” integrado por los dos argentinos y dos uruguayos, ya que el acuerdo, en su primer artículo, establece que en los monitoreos, la Dinama estará siempre acompañada por el comité.
Este acuerdo, como la declaración de Anchorena, que los presidentes firmaron en junio, fija el marco general que deberán seguir los técnicos de las cancillerías al definir la implementación del monitoreo. Establece que:
- El comité científico será designado “en un plazo de 30 días, en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)”, el organismo binacional que se encarga de gestionar todo lo relacionado con el río.
- “La función del comité científico será monitorear el río y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes” al cauce, en ambas orillas.
- Del lado uruguayo, el monitoreo lo realizará “la Dirección de Medio Ambiente uruguaya, acompañada por el comite científico”. Y en el argentino, “la autoridad de aplicación” correspondiente (se supone que la Secretaría de Medio Ambiente), acompañada de la misma forma por el comité.
- Las muestras se tomarán por duplicado. Una de ellas “será entregada en el acto al comité científico de la CARU”.
- El comité científico podrá ingresar como máximo 12 veces al año a cada establecimiento.
- La información que se obtenga “será pública, respetando los tiempos científicos”.
- Se comenzará por controlar Botnia y la desembocadura del río Gualeguaychú, sobre el que está ubicado el parque industrial de aquella ciudad. Luego el monitoreo se extenderá a las restantes fábricas argentinas y uruguayas ubicadas sobre el río.

Buena onda
La reunión de los presidentes en Olivos duró dos horas y, una vez terminada, fueron los cancilleres Héctor Timerman y Luis Almagro quienes hicieron el anuncio. Almagro, que en la negociación sostuvo las posturas más duras en cuanto a limitar el ingreso a Botnia, dijo sentir “orgullo y alegría” por “haber llegado a este momento”. Por su parte, Timerman sostuvo que el acuerdo puso “a la ciencia en el lugar que le corresponde, que es el de establecer los parámetros medioambientales”.
Los presidentes evitaron hacer declaraciones en el momento, pero más tarde, por separado, hablaron del tema. La Presidenta lo hizo por la tarde en la Casa Rosada, calificando al acuerdo como “ejemplar”. “Le encontramos la respuesta a un problema de años que teníamos que superar”, dijo, y agregó que en la relación con Mujica “siempre tenemos muy buena onda”.
Mujica habló al llegar a su país. “Creo que estamos conformes y creo que la parte argentina también. Este tema pasa al telón de los recuerdos. Pienso que éste es un día histórico”, sostuvo. Para desactivar las críticas que podían surgir en la oposición, donde hay sectores que plantean que no se debe permitir el ingreso de técnicos argentinos a Botnia por una cuestión de soberanía, el presidente uruguayo comisionó a Almagro para que anoche mismo se reuniera con los dirigentes blancos y colorados para explicarles al detalle el acuerdo.
¿Quién completará la parte todavía no escrita del acuerdo? Si hay viento a favor y la voluntad de acordar impulsada por Mujica se mantiene firme, el diseño concreto del monitoreo debería realizarse en la CARU, a través de los técnicos de cada cancillería, que son quienes tienen el conocimiento específico de las sustancias cuya presencia en el agua o en el aire se debe controlar. Si la discusión dentro de la CARU se traba, como pasó hasta ahora, serán los cancilleres quienes recibirán el paquete. Si el monitoreo logra por fin implementarse, al margen de lo que suceda con Botnia habrá además otros cambios. Es más que seguro que algunas de las 27 empresas del parque industrial de Gualeguaychú tendrán que mejorar el tratamiento de sus efluentes, que hoy contaminan la cañada Melgar, cuyas aguas, después de un recorrido de varios kilómetros, desaguan en el río Uruguay. La inclusión de las empresas argentinas en el monitoreo fue aceptada por la Argentina aunque no figuraba en el fallo de La Haya. Esta apertura posiblemente diluya las posibilidades de relocalizar la pastera, ya que en la medida en que existan otras fábricas que contaminen, el reclamo para que Botnia sea clausurada tendrá menos fuerza. Pero a largo plazo, si el río se mantiene limpio será un beneficio para todos