?Después de varios años de negociación, los gobiernos de Uruguay y Argentina alcanzaron una solución para poner fin al conflicto binacional con un acuerdo que permitirá al gobierno de Cristina Fernández entrar con dos delegados científicos hasta 12 veces al año a la planta de celulosa de UPM (ex Botnia) para controlar si esta contamina o no. Por su parte el gobierno uruguayo tendrá también dos científicos en el comité que se creó para investigar y podrá hacer lo propio en establecimientos argentinos.
Mediante el acuerdo se crea un comité científico que estará conformado en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y que será integrado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, nominados por sus países.
Cuando el monitoreo sea en Argentina, las investigaciones estarán a cargo de la Dirección Naciona de Medioambiente (Dinama) uruguaya, con reglas de la CARU. Y viceversa cuando sea en Uruguay. El pacto señala que el monitoreo comenzará con la planta de UPM, proseguirá con la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay y luego seguirá en Argentina, con un establecimiento a elección del gobierno de Mujica.