Mientras se trabaja en la búsqueda de soluciones de fondo para mejorar la situación de la empresa OSM, hay dos objetivos prioritarios que mantienen ocupados a los funcionarios del Gobierno, garantizar el pago a los empleados y prestar el servicio.
Según precisó ayer el secretario general de la gobernación, Alejandro Cazabán, luego de una reunión que mantuvo con el directorio de OSM y referentes del EPAS, no hay complicaciones para pagar los próximos sueldos de la plantilla de empleados. En cuanto al resto, no se podrá hacer ningún tipo de mejora y se buscará cumplir con las deudas más urgentes, como el pago a proveedores.
A comienzos de semana, Cazabán expresó que el Gobierno estudia “decisiones drásticas” para encaminar la empresa de agua, pero hasta ahora los funcionarios han mantenido silencio.
“Estamos en sesión permanente, lo único que podemos asegurar es que irreversiblemente vamos a estatizar el servicio y que tenemos tiempo hasta el 27 de setiembre para definir el futuro de la empresa”, en alusión a la fecha límite de la intervención que aprobó el lunes la Legislatura.

Comisión investigadora
La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que plantea la creación de una comisión investigadora, que tendrá como finalidad analizar el servicio de provisión de agua y saneamiento en la provincia, desde el inicio de la concesión.
El objetivo es investigar todo lo actuado desde la concesión a favor de OSM SA hasta su finalización y expedirse acerca de las responsabilidades políticas que puedan existir.
Dicha comisión estará integrada por un diputado por cada uno de los bloques de los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes deberán emitir dictamen fundado en el término de 180 días a partir del momento en que la norma quede refrendada.
En los considerandos de la resolución de presidencia de la Cámara Baja se indica que el cuerpo “ha considerado necesario abrir una investigación de todo el proceso, por graves incumplimientos de la referida empresa”.