La Justicia bonaerense ordenó a la empresa proveedora de agua provincial ABSA que en el término de 90 días garantice que el agua que consumen los pobladores del distrito de Carlos Casares no tenga arsénico.
La medida fue dispuesta por el juzgado en lo contencioso y administrativo número 1 de Trenque Lauquen al hacer lugar a un amparo presentado por cuatro pobladores del distrito de Carlos Casares, quienes reclamaban que el agua que consumen se ajuste a lo parámetros de calidad establecidos por el Código Alimentario Nacional y no tenga elevadas concentraciones de arsénico.
La justicia hizo lugar al amparo y dio un plazo de 90 días para que el Estado bonaerense y ABSA garanticen que el agua de Carlos Casares y otras localidades cercanas se adecue a los parámetros exigidos por el mencionado Código en cuanto al contenido de arsénico.
ABSA tomó la concesión en los distritos de Casares, Pehuajó y 9 de Julio en 2002 con el objetivo de bajar los niveles de arsénico en el agua. Según sostuvieron en la empresa, la meta se cumple "paulatinamente" a través de distintas obras financiadas por el gobierno bonaerense
Una fuente ligada a la firma confirmó que en las próximas semanas se inaugurará una Planta de Abatimiento de Arsénico (PAA) en Carlos Casares, la que permitirá estabilizar los niveles de arsénico.
La PAA funciona con cinco celdas que filtran agua apta para el consumo destinado a unos 50.000 habitantes. Esta planta, según ABSA, es la única en el país con un volumen de tratamiento tan elevado: puede potabilizar 740.000 litros por hora.
Una investigación de una periodista local publicada en febrero de 2009 reveló que una centena de personas sufren las consecuencias de consumir agua con vanadio, un metal pesado con genotoxicidad que se encuentra donde hay arsénico, y deben tratarse por afecciones como queratosis en la piel, artrosis, HACRE (hidroarsenicismo crónico) o diversos tipos de cáncer.
ABSA presta servicios en 80 localidades pertenecientes a 62 partidos de la Provincia y tiene más de 1.600 empleados. El 90 por ciento del paquete accionario está en posesión del Estado provincial, mientras que el 10 por ciento restante pertenece a los trabajadores, nucleados en el Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.