Aparentemente hubo humo blanco en el tema del monitoreo del río Uruguay tras la reunión entre los presidentes Fernández y Mujica, celebrada ayer en la residencia de Olivos.
Y preferimos decir "aparentemente" porque si hay algo que ha abundado en este proceso han sido las marchas y contramarchas, los malentendidos con el contenido del fallo de La Haya, la insistencia argentina en meterse dentro de la planta de UPM/Botnia para controlar lo que se hace en territorio uruguayo, la desconfianza en la palabra de los técnicos o científicos nacionales, la sucesión de reuniones presidenciales y declaraciones ambiguas y, como si fuera poco, la reciente aparición de un canciller que comenta todo en forma tendenciosa a través de su Twitter, generando mayores incertidumbres.
Cuando lo aconsejable era el silencio, la reflexión y el diálogo cuidadoso y mesurado apareció un bocazas tecnológico que se encargaba de complicar más las cosas.
Al término de la reunión, los cancilleres dieron pautas generales sobre el acuerdo que incluye la creación de un comité científico en el ámbito de la CARU (dos por cada país), que podrá ingresar hasta doce veces por año a la planta de UPM. Es más, comenzará por la planta de UPM y luego la comisión podrá inspeccionar algún establecimiento en la vecina orilla, a elección de los técnicos uruguayos.
No está claro cuánto tiempo insumirán estas "visitas", así como tampoco qué alcance pueden llegar a tener las observaciones y menos aún qué puede ocurrir en caso de informes divergentes entre los científicos argentinos y uruguayos.
Tampoco si el acuerdo será aceptado por los asambleístas de Gualeguaychú, que, por el momento, siguen teniendo la llave del puente.