El acuerdo firmado el martes por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica no satisface el entendimiento que ambos habían alcanzado el 2 de junio, ni aporta una aproximación razonable a la preocupación creada por el grave impacto ambiental de la plata de celulosa sobre el Río Uruguay. Lamentablemente, queda abierta la cuestión.
En junio, se estableció que el 17 del corriente, las delegaciones debían acordar en la Comisión Administradora del Río Uruguay las condiciones de vigilancia para la planta de Botnia­UPM y de prevención de la contaminación del río. No hay noticias de que esto se haya logrado.
La novedad es que, en 30 días, cada gobierno designará dos científicos para que conformen un comité de la CARU, a fin de monitorear el río y todos los establecimientos que vuelquen efluentes. La CARU tiene cinco comisiones técnicas y ellas se ocupan del medio ambiente y el uso del agua, de la pesca y de la calidad de las aguas y la prevención de la contaminación. Están integradas por profesionales que en muchos casos son investigadores de primera línea. ¿En qué consiste entonces la novedad? Hablar de científicos no cambia la sustancia.
La CARU no ha definido el nuevo monitoreo en el río, que debe registrar los caudales, la velocidad y la dirección del flujo en toda la columna de agua, y controlar las condiciones atmosféricas.
Deben además definirse los indicadores y la frecuencia con que se tomarán las muestras. Importan la biota del río, las especies bio-acumuladoras de contaminantes, el plancton, y las diferentes especies ictícolas.
Beben tomarse muestras del agua a distintas profundidades, de los sedimentos del fondo, y analizar el material en suspensión.
Deben controlarse los gases y el material suspendido que se lanza a la atmósfera, pero una frase críptica del Acuerdo dice que se controlarán las "emisiones gaseosas que puedan acceder al Río Uruguay".
¿Declinamos controlar la contaminación que puede llegar al territorio desde la planta? Pero además habrá que explicar cómo se distinguen los gases y partículas que pueden "caer" al río antes de alcanzar la otra costa.
Para el monitoreo en la planta los presidentes acordaron que las acciones estarán a cargo de la DINAMA y que se aplicarán las normativas de la CARU ­que no existen para el caso­ y las de la DINAMA. La norma de la DINAMA ha establecido que los operarios y supervisores de Botnia-UPM monitorean la planta, según informa la Comisión de Seguimiento de Monitoreo Ambiental.
¿Estará el Comité Científico estará sujeto a esa norma? ¿Es eso monitoreo conjunto, o automonitoreo de la industria consentido por los gobiernos? Las visitas científicas no podrán ser más de doce por año, a pesar de que el Estatuto del río Uruguay establece que "cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción" y que esta autorización sólo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por períodos limitados". Parece difícil restringir un tratado mediante un acuerdo pactado en el primer cordón del conurbano bonaerense.
Finalmente el acuerdo dice que el monitoreo comenzará en la planta de celulosa y en la desembocadura del Río Gualeguachú. El Estatuto del río asimila afluentes y efluentes.
Como no se indica ninguna industria en la desembocadura del río Gualeguaychú, puede entenderse que en la otra margen, donde esta la planta de celulosa, no se será monitoreado su interior, sino que sólo se observarán los efluentes cuando lleguen al Río Uruguay.