Un breve llamado telefónico del secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, a los principales líderes de la oposición ayer a la mañana fue la primera señal del Gobierno de que comenzaba a desandar el camino de las “medidas drásticas” que se habían anunciado en el proceso de reestatización de Obras Sanitarias Mendoza.
El funcionario se comunicó con ellos para anticiparles la firma del decreto que se conocería en horas del mediodía y la convocatoria para volver a sentarse alrededor de la mesa a seguir discutiendo qué hacer con la empresa del agua. La UCR y los cobistas responderán a esa convocatoria, aunque recelan de la oferta que les hicieron para ocupar cargos en el nuevo directorio que se creará.
El freno se impuso justo a tiempo, luego del desborde emocional que padeció medio gabinete y buena parte de los legisladores del oficialismo tras no haber podido conseguir el lunes que les aprobaran la utilización de $10 millones para cubrir el déficit actual de la empresa.
La reacción política había sido desmedida, de ofensa casi infantil para lo que en realidad había pasado: el Frente Cívico no se opuso a la prórroga de la intervención para seguir avanzando en la estatización. Y aunque se le puede atribuir que utilizó este tema como forma de conseguir por primera vez la unidad en bloques legislativos, sólo trató de enfrentar al Gobierno con el mal manejo al que Obras Sanitarias fue sometido en estos últimos doce meses.
Celso Jaque no podía cometer el mismo error que el ex gobernador Arturo Lafalla cuando Obras Sanitarias se privatizó en 1998. En aquella oportunidad se logró vender la empresa con los votos justos en una reñida votación en la Legislatura en la que el justicialismo obtuvo el respaldo del Partido Demócrata y el rechazo de la Unión Cívica Radical. Hoy, más de diez años después, se están pagando las consecuencias de la forma en que salió aquella venta.
El futuro de OSM no resiste que el proceso que se está llevando adelante para convertirla en una sociedad anónima con mayoría estatal se realice sin el mínimo consenso de las fuerzas políticas. El presente tampoco aguanta los enfrentamientos de la clase dirigente.
Los franceses de Saur, los ex dueños, que fueron desplazados en agosto de 2009 del control de la empresa, están pendientes de cada una de las acciones y decisiones que se están tomando en Mendoza.
En los próximos meses entrará en una etapa clave la demanda iniciada por ellos ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, que está fijada en unos 143 millones de dólares como consecuencia de la quita de la concesión, entre otros puntos.
Hace doce meses, cuando se decretó la intervención, Obras Sanitarias estaba en una situación crítica producto de la mala administración privada. En la actualidad, luego de un año de manejo estatal, la situación es de derrumbe.
No se lograron conseguir en este tiempo las inversiones que el Gobierno prometió y que rondaban los $500 millones, se nombraron cargos políticos con sueldos que contribuyeron a consolidar el déficit y se tomaron decisiones que afectaron el funcionamiento interno.
El poder, dentro de la empresa, está repartido entre el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), el organismo que en los papeles debería controlar. Y manda también el SUPOS, Sindicato Único del Personal de Obras Sanitarias de Mendoza.
En el medio de estos manejos, no alcanzaron dos aumentos tarifarios y ayer el Poder Ejecutivo deslizó que podría otorgarse otro más en el corto tiempo.
Si en agosto pasado se mostró como una de las causales de intervención el peligro que corría el pago de sueldos del personal y un año después ese mismo tema se esgrimió para justificar la necesidad de obtener $10 millones es porque algo en todo este tiempo no se hizo bien.