Seis partidos políticos llegaron ayer a un acuerdo para impulsar una protección constitucional al acceso al agua, luego de una polémica de 10 días que salpicó al PLN y al propio Gobierno.
La reforma a la Constitución Política establecería que el agua es un derecho fundamental de los habitantes, así como un bien de dominio público.
El acuerdo fue tomado por los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Frente Amplio, Restauración Nacional y Renovación Costarricense, los cuales reúnen a 42 de 57 diputados.
Estos decidieron aprobar una moción que propone reformar los artículos 50 y 121 de la Constitución dentro del trámite de un proyecto de ley que, originalmente, solo cambiaba el 121.
Según la moción, en el artículo 50 se introducirán cuatro párrafos para establecer que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable”, además de introducir el término “agua potable” como parte de ese derecho.
En cuanto al 121, el cual fija las funciones de la Asamblea Legislativa, se agregaría un párrafo para indicar que el agua es un bien de dominio público y que su explotación se regirá por lo que establece la legislación actual.
Así, dijeron los liberacionistas Viviana Martín y Francisco Chacón, se aleja el temor del PLN de que la Asamblea Legislativa tenga que aprobar las concesiones de agua para generación eléctrica, agricultura y consumo, función que hoy ejerce el Ejecutivo.
Además, se añade un transitorio para mantener vigentes todas las concesiones existentes de agua y las leyes que regulan el recurso.
La reforma original, impulsada desde el 2002 por la propia presidenta, Laura Chinchilla, incluía el agua entre los bienes que no pueden salir del dominio del Estado. Pero lo insertaba antes del párrafo que establece que los particulares solo pueden explotar esos bienes con una concesión del Congreso.
Los giros del PLN. Luego de apoyar la reforma original por ocho años, el PLN le retiró su apoyo al proyecto el pasado 19 de julio alegando que limitaría las concesiones de agua.
Dicha postura fue aplaudida por el Movimiento Libertario, pero criticada públicamente por el PAC, el PUSC y el Frente Amplio.
Después, los liberacionistas dijeron que apoyarían una reforma al artículo 50 para incluir el acceso al agua dentro de los derechos sociales, como lo proponía un plan del exdiputado José Merino. La presidenta, Chinchilla, apoyó la iniciativa, pero esta debía empezar de cero su trámite legislativo.
El martes pasado, el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, anunció que no convocaría esa reforma en el período de sesiones extraordinarias, que durará todo el mes de agosto, al considerar que estratégicamente no convenía.
Ayer, en una reunión de una hora, el PLN se acercó a las demás fracciones y nació el acuerdo. Incluso, el ministro Vargas confirmó que ahora sí convocará el plan.
Sin embargo, el acuerdo provocó una fuerte reacción de los libertarios y el PUSC, pues dijeron que el proyecto se caerá porque, al fusionar las dos propuestas en el plan original, se vicia el procedimiento.
El socialcristiano Luis Fishman sostuvo que esta fue una maniobra del PLN para evitar roces internos en su asamblea del sábado, mediante un trámite que ellos saben que resultará nulo.
Anoche, con la oposición de los libertarios y el PUSC, los diputados empezaron a discutir la moción. Si esta sale bien librada, la reforma constitucional iniciaría el camino para aprobarse en tres debates.