Aunque admiten sentirse "un poco mareados" por el vértigo de declaraciones, aclaraciones e invitaciones on line del canciller Héctor Timerman, los asambleístas de Gualeguaychú ya preparan las preguntas y cuestionamientos que presentarán al Gobierno por el acuerdo firmado el miércoles con el Uruguay para monitorear la pastera UPM (ex Botnia).
Timerman, que se ofreció a recibirlos entre ayer y el miércoles, también les hizo llegar una advertencia velada, al sostener que las últimas amenazas de cortes lanzadas por la Asamblea "son un problema de la Justicia, no de la Cancillería". En medio de ese clima, es casi seguro que el encuentro se realice el próximo miércoles, si así se aprueba mañana por votación en Gualeguaychú.
Según coincidieron los ambientalistas entrerrianos consultados por LA NACION, la periodicidad de los controles a Botnia es el punto que más rechazos genera. El acuerdo firmado con Uruguay establece un máximo de doce inspecciones anuales por establecimiento, límite considerado insuficiente por la asamblea, que toma como referencia el tiempo mayor que necesitaron los científicos que presentaron las pruebas de contaminación ante la Corte de La Haya.

Principales desacuerdos
El pedido de los asambleístas es mucho más extensivo y preciso. En principio, porque exigen un "seguimiento ambiental permanente mientras la planta continúe operando", según consta en el documento de 13 páginas que le entregaron a principio de mes al propio Timerman.
La propuesta incluye una primera etapa de controles amplios e intensivos de entre tres y seis meses dentro de la pastera, en paralelo con otra de entre uno y dos años en sus alrededores. Establece, además, la forma y los lugares para tomar las muestras de líquidos y gases, así como los elementos químicos y biológicos por rastrear en cada análisis, priorizados según su peligrosidad.
Quienes se reúnan con Timerman también cuestionarán que los estudios del lado uruguayo no sean conducidos por los científicos de la comisión creada específicamente por el convenio -la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)-, sino por la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (Dinama), una agencia que acumula acusaciones de parte de los asambleístas, quienes cuestionan su "rigor científico".
Ayer, Timerman fue terminante, al destacar que el acuerdo "es la gran herramienta para la protección del medio ambiente en el río Uruguay". Luego, a través de una carta que fue difundida por la agencia Télam, invitó a los asambleístas a reunirse ayer por la tarde, hoy (de 8 a 22), mañana o el miércoles (de 8 a 16).
La invitación llegó después de que los abogados de la asamblea cancelaran la reunión pautada para la tarde de ayer con la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, de quien pretenden que viaje a Gualeguaychú para difundir las pruebas presentadas por el país ante La Haya.
Timerman los acusó de cancelar "intempestivamente" la reunión, tras lo cual les escribió que se "complacía" en ofrecerles los nuevos horarios. "Muchos no pudimos ir porque ayer, viernes, trabajábamos", se excusó Luis Leissa, uno de los abogados de la asamblea.