La asamblea de Gualeguaychú se reunirá con el canciller Héctor Timerman, posiblemente el próximo miércoles, para plantear sus cuestionamientos al acuerdo firmado con Uruguay para el monitoreo de Botnia-UPM. Una delegación de diez representantes viajará para el encuentro, que se realizará en el edificio de la Cancillería. Si bien Timerman ofreció recibirlos durante el fin de semana, los vecinos dijeron que necesitan cierto tiempo para organizarse. Además, quieren ver qué dirán sobre el tema los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica en la Cumbre del Mercosur, que comenzará el lunes en San Juan.
La principal objeción que hacen los asambleístas al acuerdo es que consideran que no les llevará seguridad. “En la última reunión que tuvimos con Timerman, él nos dijo que iba a haber un control continuo y en tiempo real, y que a través de Internet íbamos a poder seguir los datos del monitoreo. Lo que firmaron no tiene nada que ver. El acuerdo dice que dos científicos van a ingresar a la planta 12 veces al año, como máximo, es decir que no es el monitoreo del que nos habló. Los políticos pusieron condiciones al funcionamiento de la ciencia”, sostuvo Roberto Marchesini, uno de los que participarán de la reunión.
El canciller y los integrantes de la asamblea llegarán a su audiencia en un clima ríspido, del que ayer hubo varias señales. En su cuenta de Twitter, Timerman dijo que los asambleístas habían “levantado unilateralmente” una reunión que tenían agendada con la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, pero los abogados de la asamblea salieron a aclarar que no habían tenido “ningún entredicho” con ella, sino que simplemente habían pasado la reunión para el lunes, tras avisarle que no podían viajar. “Era una reunión que le habíamos pedido como equipo legal. Ella, con mucha generosidad, nos dijo que sí, y cuando le pedimos cambiar el día no puso ninguna dificultad”, aseguró Ana Angelini.
También Luis Leissa, integrante del equipo legal, salió a decir que la asamblea “valora” el trabajo de Ruiz Cerruti y remarcó que el objetivo de reunirse con Timerman es que les explique “los controles que se realizarán en las aguas del río Uruguay y el rigor científico que van a tener”.
Uno de los puntos de especial interés para la asamblea es reunir, a través del monitoreo, datos concretos sobre los efectos de Botnia. En la ciudad todos dan por hecho que la papelera contamina; el recelo del gobierno uruguayo en abrir la pastera ratificó esta creencia. Por esto, más que en un eventual nuevo corte del puente internacional, las expectativas de lograr algún cambio en el reclamo contra Botnia-UPM están puestas en la toma de muestras. Como el acuerdo que firmaron los presidentes es un acuerdo macro, que no define qué se va a medir, en la próxima reunión con el canciller el tema no quedará cerrado.
En la ciudad van a esperar antes de discutir si reflotan las medidas de protesta. La denuncia del Gobierno contra diez asambleístas por el corte de la ruta 136 cumplió el objetivo de meter presión a la asamblea, y si hay una propuesta de volver a bloquear el puente, su aprobación no será automática. La causa judicial sigue abierta y en trámite; luego de que el juez Gustavo Pimentel rechazara llamar a indagatoria a los diez denunciados, hubo una apelación de la fiscal Daniela Neyra, que insistió en imputar a los vecinos, por lo cual el tema deberá ser resuelto por la Cámara Federal, que tiene sede en Paraná. La novedad de esta semana fue que el juez notificó a los denunciados que pueden designar abogado defensor, lo que reavivó las preocupaciones.
Al levantar el bloqueo del puente, la asamblea se fijó un plazo de dos meses para revisar su posición, plazo que vencerá el 19 de agosto. Después de esa fecha, los vecinos realizarán una nueva discusión ampliada para definir los pasos a seguir. Marchesini, que es el actual coordinador de la asamblea, anticipó que su postura no sería “volver a la lucha de la forma que nos estábamos durmiendo en Arroyo Verde”, donde se instaló el bloqueo de más de tres años, “sino realizar protestas puntuales”.