La cuestionada preadjudicación de la obra hidroeléctrica de Chihuidos a Electroingeniería y CPC de Cristóbal López­dos empresas que están fuertemente identificadas con la Casa Rosada­ sumó una nueva denuncia que pone sobre el tapete serias irregularidades de las autoridades neuquinas y nacionales que llevaron adelante la licitación.
A los embates judiciales que lanzaron diputados de la oposición, se agregó ahora una impugnación directa promovida por el grupo Pescarmona, uno de los dos oferentes que presentó una propuesta más económica que la que fue declarada ganadora.
Tras agotar los reclamos ante el ente que piloteó la licitación (EMHIDRO), el grupo mendocino que conduce Enrique Pescarmona llevó su ofensiva hasta el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag. Por medio de un recurso administrativo, impugnó la preadjudicación y solicitó que se suspenda el contrato hasta que se investiguen las irregularidades.
Pescarmona denunció que la obra fue entregada al grupo que presentó "el mayor costo de construcción, la tarifa más cara y un financiamiento que no cumplió con las exigencias del pliego".
De acuerdo con los datos obtenidos por Clarín, la impugnación ­que Pescarmona piensa elevar a la Justicia si no es tenida en cuenta por la provincia­ hace foco en las siguientes cuestiones:
# El "financiamiento propio" del consorcio ganador es inexistente porque el tomador y garante final de los créditos del BNDS de Brasil, Banco de Córdoba y Macro es el Estado Nacional.
# Tras recibir las ofertas, la comisión evaluadora aprobó una metodología de análisis de las propuestas que no fue informada a los oferentes.
# Con distintos requerimientos, se le permitió a Electroingeniería y CPC mejorar la oferta en "una clara violación de las reglas de juego". Inicialmente el grupo solicitó una "tarifa monómica" para el repago de la obra de 113,37 US$/ MWh; pero a la hora de analizar la oferta, se tomó en cuenta un valor menor de 86,06 US$/MWh para favorecerlo.

La polémica por Chihuidos arrancó a fines de 2009, cuando se declaró vencedera de la licitación a la propuesta de US$ 1.560 millones que había presentado el consorcio integrado por Electroingeniería, CPC, la brasileña OAS y las locales Hidrocuyo y Rovella Carranza.
Junto con el monto de la obra y el precio de la energía, uno de los ítems clave para adjudicar el proyecto era la "mayor proporción de financiamiento privado" que ofrecían los consorcios en pugna.
Basados en ese último punto y pese que la oferta total fue muy superior a las que presentaron otros dos grupos, los funcionarios le preadjudicaron la obra a Electroingeniería y CPC. Según la información oficial, la financiación propia había alcanzado al 66% del total con crédito del BNDES de Brasil de US$ 729 millones y otro de los bancos Córdoba y Macro por 302 millones de dólares.
El caso fue llevado a la Justicia por el diputado nacional Juan Carlos Morán (CC), quien denunció a las principales figuras del Gobierno y a los empresarios por la existencia de supuestos sobreprecios, competencia desleal y defraudación a la administración pública.
Según advirtió Morán en la denuncia que investiga el juez federal, Ariel Lijo, "el riesgo empresarial del consorcio es inexistente porque se trata de una nueva maniobra del Gobierno que beneficia a los empresarios amigos para que tengan un financiamiento que no pueden obtener en condiciones de igualdad con otros oferentes".