Los Asambleístas de Gualeguaychú debatieron anoche qué planteos llevarán ante el canciller argentino Héctor Timerman, en el encuentro que tendrán mañana, en el marco del conflicto por la pastera Botnia en Uruguay.
Sin embargo, la posición general no sufría mayores divergencias internas en cuanto a lo que un asambleísta definió como el malestar general por el modo como el Gobierno está acordando con Uruguay. "Este monitoreo no nos convence", es la postura mayoritaria de los asambleístas.
En los discursos escuchados en el encuentro de anoche quedó patentizada esa molestia, motivada en dos cuestiones: el modo de monitoreo a la pastera, que están acordando ambos gobiernos rioplatenses, y la reactivación de las citaciones judiciales a los asambleístas denunciados por el Gobierno como respuesta al corte que mantuvieron durante más de tres años y medio sobre la ruta 136.
Mientras que para el asambleísta José Gómez, uno de los principales referentes del movimiento en Gualeguaychú, "ya hay quienes están planteando volver a las rutas", para otro integrante de peso en la Asamblea, Gustavo Rivollier, "todavía no se habla de corte de ruta, aunque hay mucha bronca".
"Ya son seis años de pelea contra Botnia los que llevamos y no nos gusta cómo está cerrando la historia", resumió Rivollier, consultado anoche por LA NACION.
El 19 de este mes vence el plazo que se impuso la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, cuando levantaron el corte de ruta, para esperar un acuerdo con Uruguay por el control sobre la pastera, a la que acusan de contaminar toda la región. Sin embargo, lo acordado entre ambos gobiernos está lejos de satisfacer a los entrerrianos.
"Hay mucha bronca porque el control de Botnia, que está instalada junto al río Uruguay, producto de la violación de los tratados internacionales que cometió Uruguay, se diluye en un plan de acción muy amplio e indefinido. Resulta que es igual el monstruo de Botnia que un frigorífico de pollos en Entre Ríos en el momento de controlar la contaminación, y eso está acordando el Gobierno", graficó Rivollier.
El dirigente evitó anticipar cuál será la decisión que podría tomar la asamblea, llegado el día clave, pero advirtió que "se va por mal camino" en alusión a las gestiones de la Casa Rosada con Montevideo. "Todo esto pensamos decirle al canciller Timerman", adelantó.

Citaciones judiciales
Por otro lado, dirigentes de la asamblea entrerriana confirmaron ayer que seis de sus integrantes denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional ya fueron citados por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, para declarar sobre el corte de la ruta 136, que conduce al puente que une a la Argentina con la localidad uruguaya de Fray Bentos.
"No sabemos si el Gobierno puede estar detrás de la citaciones. Creemos que el fiscal cita en el marco de la causa iniciada; lo que también es cierto es que eso genera un malestar. Vemos que se quiere hacer callar la voz de Gualeguaychú y que se busca criminalizar la protesta", evaluó la abogada y asambleísta Ana Angelini.
La profesional aseguró: "Sin duda que las citaciones [judiciales] complican el panorama", tras lo cual se refirió al acuerdo binacional: "No nos satisface para nada".
Angelini dijo, además, que cada asambleísta denunciado nombrará a sus propios abogados, pero que habrá una estrategia común de defensa, según aclaró a LA NACION.
Ayer, la sesión de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú se extendió hasta bien entrada la noche, y uno de los temas recurrentes fue la notable molestia existente en el grupo entrerriano respecto del modo como la Cancillería argentina avanza en el acuerdo con Uruguay para el monitoreo de la planta.
"En Uruguay, todo el mundo está contento con lo que está acordando con el gobierno argentino. Los uruguayos aceptan todo porque ven que el control real y efectivo para ver si Botnia contamina o no se termina diluyendo y no se avanza en ningún parámetro claro", concluyó, terminante, Rivollier.