El acuerdo con Uruguay para monitorear el impacto ambiental de la planta de celulosa instalada en Fray Bentos supone un principio de solución para un conflicto que podría haberse evitado. Los términos del compromiso apelan, de hecho, a los mismos mecanismos diplomáticos y marcos normativos que fueron soslayados cuando el corte del puente fronterizo en Gualeguaychú, la falta de diálogo y la puesta en marcha de la planta llevaron al virtual congelamiento de las relaciones argentino-uruguayas.
Se apeló a la instancia del Tribunal Internacional de La Haya, mientras la planta pastera ya había iniciado su actividad y ambos gobiernos mantuvieron sus posiciones. La resolución de La Haya dictaminó que no había evidencia de contaminación pero aludió también al incumplimiento por parte de Uruguay de los pasos previstos por los acuerdos binacionales.
El entendimiento firmado por los presidentes Mujica y Cristina Kirchner establece que el monitoreo conjunto se hará en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con participación de científicos argentinos y uruguayos.
La intervención de este ente regulador binacional incluye todas las actividades industriales, agropecuarias y urbanas que vuelquen sus efluentes al Río Uruguay. De tal modo, el acuerdo alcanzado es una verdadera confesión de partes sobre las propias responsabilidades. Es de aguardar que signifique también la superación de este innecesario y costoso conflicto, y el inicio de un control ambiental serio por parte de ambos países.
El acuerdo con Uruguay para monitorear el impacto ambiental de la planta de celulosa instalada en Fray Bentos supone un principio de solución para un conflicto que podría haberse evitado.