La semana pasada, la Dirección General de Aguas (DGA) emitió una resolución que levantó polémica, debido a que viabiliza la solicitud de derechos por parte de Hidroaysén para una quinta central, cuestión sobre la cual se había requerido a la Contraloría.
El titular de la DGA, Matías Desmadryl, explica que, en este caso, no era necesaria la respuesta de la Contraloría, por cuanto existían las herramientas para decidir sin tener que pasar por esta entidad.
"En este caso, que dio origen a una denegación de derechos a Hidroaysén, que posteriormente significó una presentación de una solicitud de dictamen de la DGA pidiendo a Contraloría que emitiera pronunciamiento al respecto, la verdad es que, habiendo normativas que regulan la materia, habiendo un criterio definido, la verdad es que la autoridad, la DGA, está en condiciones de resolver la solicitud sin tener que esperar más tiempo. Puede entrar al fondo y hacerse cargo de las peticiones", señaló Desmadryl.
El personero agregó que esto ahorra un procedimiento "largo y engorroso y se puede otorgar lo que sí está disponible y cumpliendo los requisitos legales al peticionario de esa agua".
La resolución, además, ataca otras áreas y permite definir criterios que no estaban del todo claro para el otorgamiento de derechos, agilizando este punto, cuestión que es clave para la concreción de inversiones eléctricas y también para otros sectores como la minería, la industria y el sector agrícola.
"La resolución es un tremendo avance en la gestión de aguas a nivel nacional, y tiene por objeto definir criterios que regulan el agua subterránea y superficiales y afectan distintos sectores", complementa el personero.