La noticia no fue el acuerdo de los gobiernos de Argentina y Uruguay para monitorear la planta de celulosa instalada en Fray Bentos, sino las manifestaciones ruidosas y exageradas de los ambientalistas, expresando a viva voz su rechazo a acuerdos que, probablemente, no conocen en detalle. Para esta abigarrada alianza de ambientalistas radicalizados, ultraizquierdistas y aventureros de diferente calibre, los acuerdos no sólo que no son satisfactorios, sino que dejan abierta la posibilidad cierta de seguir “envenenando” a la población.
En realidad estos grupos nunca han estado de acuerdo en levantar el corte de ruta y su objetivo de mínima y de máxima es la expulsión de la planta Botnia sin ninguna otra alternativa mediadora. Una coalición de dogmatismos ideológicos, mala fe, delirios mesiánicos y sórdidos intereses económicos alentados por grupos cuya razón de existir financieramente depende de la prolongación del conflicto, se han dado la mano para crear esta situación que tantos costos provocó en la región y tanto ha desprestigiado a la Argentina.
Hacia el futuro se verá hasta dónde la autoridad política de ambos países logrará imponerse por sobre los desplantes verbales de quienes consideran que se trata de un conflicto que sólo a ellos les pertenece. Lo más grave del caso es que todos los esfuerzos políticos y diplomáticos que se han hecho para encarrilar una situación que había comprometido la relación entre ambos países, quedan pendientes con un inquietante signo de interrogación, porque los manifestantes ya están amenazando con reiniciar el corte de ruta.
El fallo del Tribunal Internacional de La Haya, el acuerdo entre los presidentes Mujica y Cristina de Kirchner para un monitoreo conjunto en el marco de la Comisión Administrativa del Río Uruguay (Caru), la presencia de destacados científicos de las dos orillas garantizando con su conocimiento la seriedad del emprendimiento, parece que no alcanzan a conformar a quienes consideran que Finlandia, la empresa Botnia y el propio Uruguay están unidos alrededor del afán de lucrar con la salud de la gente, aun al precio de cometer un genocidio.
“Genocidas” fue precisamente la palabra que utilizaron los manifestantes frente a la embajada de Finlandia y es la que agitan en Gualeguaychú para convencer a los vecinos de que es necesario reiniciar los cortes de ruta. ¿Minorías? Puede ser, pero importa advertir que esas minorías fueron las que bloquearon una frontera y crearon un delicado conflicto internacional con el aval en sus inicios del gobierno nacional y la complicidad, a veces manifiesta, a veces encubierta, de las autoridades políticas del oficialismo entrerriano.
Tal como se presentan los hechos, daría la impresión de que el acuerdo político entre Argentina y Uruguay es posible; pero el mismo acuerdo no alcanza para satisfacer a los militantes ambientalistas y de ultraizquierda decididos a acusar a empresarios, políticos y gobiernos de “terroristas ambientales”.