El mismo día en que anuló una condena contra el Estado argentino, el tribunal arbitral del CIADI falló a favor de las ex controlantes de Aguas Argentinas y Aguas de Santa Fe que reclaman una indemnización de 1250 millones de dólares. La resolución beneficia a Suez Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e Interagua Servicios Integrales del Agua S.A, pero dilata -a la espera de recolección de más pruebas-, la definición del monto que le correspondería pagar a Argentina.
Las compañías hicieron la demanda por tres cuestiones: expropiación, negación de la protección y seguridad de las inversiones, y trato inequitativo. El tribunal rechazó los dos primeros argumentos y admitió el último asegurando que "se le privó a la inversión de un trato justo y equitativo", según consta en el fallo. De esa manera, no admite el argumento presentado por los representantes argentinos que postulaban "el estado de necesidad" que imperó en el país tras la crisis de 2001.
El fallo tiene fecha del viernes pasado cuando la Procuración del Tesoro -los representantes legales del Estado- recibieron otra noticia que era más alentadora. El comité de Anulación del CIADI les dio la razón y revirtió una condena por 106 millones de dólares que habían ganado Enron y Ponderosa, accionistas de Transportadora Gas del Sur. En esta instancia entendieron que sí regía un "estado de necesidad" al momento de congelar las tarifas.
Estos juicios son parte de la avalancha de expedientes que se abrieron en el Tribunal Arbitral Internacional (conocido como CIADI) tras la devaluación de 2001 con la correspondiente pesificación de las tarifas de servicios públicos. La expectativa de la Procuración es que el caso de las ex controlantes de Aguas Argentinas y Santa Fe tenga el mismo destino que Enron y otro caso que se dio el mes pasado: "Estos dos casos son de primera instancia y todavía falta la decisión de este comité de anulación al cual la Argentina llegará en su momento en función del argumento del estado de necesidad", dijo ayer a Clarín el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
Frente al fallo adverso, el ministerio de Planificación salió a justificar -a través de un cable de la agencia Telam- la rescisión del contrato con Aguas Argentinas argumentando que se debió a "graves incumplimientos de la compañía". El 21 de marzo de 2006, el ministro Julio De Vido anunció el fin del contrato con la compañía francesa Suez por no haber cumplido con el plan de obras para la expansión y mejora del servicio y por "poner en peligro la salud de la población". En el mismo acto lanzaron la estatal AYSA que desde entonces maneja la provisión de agua. Suez reclamaba, por su parte, el incumplimiento de un acuerdo firmado con el ex presidente Néstor Kirchner donde garantizaban un aumento de 53% en dos años. Esa previsión nunca se concretó y comenzó entonces una negociación que terminó de la peor manera, cuando el Gobierno anunció la rescisión del contrato.
La pugna por esta compañía fue tan delicada que hasta fue parte de las conversaciones oficiales entre el ex presidente francés Jacques Chirac y Néstor Kirchner en una visita oficial en el 2005. Entonces, voceros presidenciales se encargaron de filtrar la versión de que, según Chirac, los incumplimientos de Suez eran "una piedra en el zapato" que había que sacar. Sin embargo, el portavoz del ex mandatario señaló en ese mismo momento que lo importante era encontrar un acuerdo en el conflicto.
El entendimiento nunca llegó y la pelea terminó en el CIADI.

LA REESTATIZACION DE AGUAS ARGENTINAS
La "piedra" en el zapato de Chirac que aún molesta
Daniel Santoro - dsantoro@clarin.com
El conflicto por Aguas Argentinas "es una piedrita en el zapato que hay que sacar para seguir caminando", había dicho el 19 de enero del 2005 el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, tras recibir a su colega Néstor Kirchner en París. La "piedrita" la sacó Kirchner a su modo con la reestatización en el 2006 de la empresa que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo había concesionado en 1993 a la francesa Suez por 30 años.
Más allá del debate jurídico sobre si el Estado rescindió en forma legal el contrato por "incumplimiento" de Suez, que se dirime en el CIADI, o si debe resarcir económicamente a la empresa francesa, el gran tema de fondo es el de los objetivos no cumplidos de ambas experiencias. En los `90 el Banco Mundial y el FMI, en el marco del "Consenso de Washington", argumentaron que los estados eran ineficientes para llevar el agua potable y las cloacas a los barrios pobres del Gran Buenos Aires y por eso financiaron a empresas como Suez y Enron para que extendieran esos servicios. Suez mejoró el servicio de los barrios de clase media y nunca alcanzó ese objetivo. Y Enron, luego de ser denunciada por el escándalo de la "contabilidad creativa" en EE. UU. se retiró de Buenos Aires. Mientras tanto, este derecho humano básico sigue siendo una piedra en los zapatos de toda la dirigencia política argentina.