El organismo, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación y conformado por cinco ONGs, manifestó además ‘decepción‘ por un reciente acuerdo del Comité Ejecutivo de la UIA tendiente a estudiar acciones jurídicas contra resoluciones emitidas por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
El ente de contralor recordó, en un comunicado, que ‘la Constitución Nacional Argentina incorpora el Derecho Ambiental que privilegia el bienestar general y el interés colectivo por sobre las necesidades meramente individuales‘. Además, señaló que ‘sorprenden las declaraciones del sector industrial acerca de sus intenciones de recurrir a la justicia, cuando, justamente, fue la máxima autoridad judicial de la Nación la que intervino en la grave situación de la Cuenca Matanza Riachuelo‘. El Cuerpo Colegiado sostuvo que la intervención de la Corte Suprema fue para ‘dar respuesta a los millones de habitantes que se ven afectados por la contaminación de origen industrial, entre otras fuentes‘.
Los reclamos de la UIA están centrados en un problema legal, porque ACUMAR está modificando las condiciones de instalación para las industrias que previamente fueron autorizadas por otras jurisdicciones. Al respecto, el ente de contralor recordó que ACUMAR fue ‘creado especialmente para dar solución a la grave problemática de contaminación de la Cuenca que por años no pudieron resolver las distintas jurisdicciones por separado‘. Asimismo, destacó que ‘del incipiente proceso de control industrial en la Cuenca, ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes y sólo 4 de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento‘.
Para el Cuerpo Colegiado, esto demuestra ‘la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que generan en la Cuenca‘. El ente de contralor advirtió también que ‘un reciente estudio realizado en conjunto con organismos de las Naciones Unidas sobre los efectos de la contaminación ambiental en la Niñez, demostró que de los 12 millones de niños y adolescentes del país, alrededor de 5 millones -un 40 por ciento- residen en municipios donde existe un alto riesgo ambiental a causa de la actividad industrial‘. En este sentido, puntualizó que cinco de los 15 municipios que presentan ‘mayor riesgo se encuentran ubicados dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo‘.
El Cuerpo Colegiado, que controla el plan de saneamiento del Riachuelo por disposición de la Corte Suprema de Justicia, está integrado por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Fundación Greenpeace Argentina. En tanto, ACUMAR es el órgano de derecho público conformado por las tres jurisdicciones que tienen injerencia en la Cuenca -Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires- y tiene como responsabilidad sanear el Riachuelo en materia de control industrial.