La negativa de la Unión Industrial Argentina (UIA) a avanzar en el control sobre las fábricas cercanas al Riachuelo genera preocupación en el cuerpo colegiado encargado de seguir el plan de saneamiento.
El organismo, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y compuesto por cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG), no ocultó su decepción por la posibilidad de que el comité ejecutivo de la central empresaria inicie acciones jurídicas contra resoluciones de la Autoridad de Cuenta Matanza-Riachuelo (Acumar)
"Sorprenden esas declaraciones sobre la intención de recurrir a la justicia, cuando, justamente, fue la máxima autoridad judicial de la Nación quien intervino en la grave situación del área", se expresó.
Los reclamos de la UIA están centrados en un problema legal: Acumar está modificando las condiciones de instalación para las fábricas que, previamente, fueron autorizadas.
La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, la Asociación de Vecinos La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina integran el cuerpo colegiado.
Acumar es un órgano de derecho público formado por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.