Una vez más el Riachuelo vuelve a ser eje de polémica. Después de que la el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestara su intención de analizar el inicio de acciones legales contra las resoluciones de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el Cuerpo Colegiado que, por orden de la Corte Suprema de Justicia, controla el plan de saneamiento del río, le comunicó a la asociación su disconformidad.
De acuerdo a lo publicado por el Cronista.com el pasado 21 de julio, desde la UIA se tomó la decisión a partir de que varias empresas plantearon la existencia de un problema legal debido a que Acumar estaba sacando resoluciones que concentraban “el poder ambiental” y alegaron que esto competía a cada jurisdicción. A partir de esto el Comité Directivo planteó iniciar una acción legal conjunta como entidad.
A través de un comunicado de prensa, los integrantes del Cuerpo Colegiado manifestaron su “decepción” por lo que consideran una falta de colaboración por parte de las empresas, a las que consideran “uno de los sectores responsables de la grave emergencia ambiental que sufre la Cuenca Matanza Riachuelo”. También recordaron que fue justamente la máxima autoridad judicial la que ordenó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño dar solución a la contaminación del río.
Por otra parte, el Cuerpo Colegiado destacó que ya existen 118 industrias declaradas agentes contaminantes y “sólo cuatro de ellas han prestado disposición para presentar un plan de reconversión industrial acorde a procesos limpios, pero todavía ninguno fue puesto en funcionamiento”. Para los autores del comunicado, esto refleja “la baja iniciativa del sector para colaborar con la disminución de la contaminación que generan en la Cuenca”.
El Cuerpo Colegiado está conformado por cinco ONGs que trabajan bajo la coordinación del Defensor del Pueblo de la Nación. Las cinco agrupaciones son: Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Fundación Greenpeace Argentina.