Aguas Santafesinas presentó ayer el informe que le había requerido el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) tras la rotura de la cañería que dejó sin agua a toda la ciudad durante 20 horas.
En primer lugar, aclara que fue un “corte imprevisto” y que “Assa ha cumplimentado con todas las obligaciones contractuales”. Luego, detalla las causas que generaron el corte y las acciones llevadas a cabo para restablecer el servicio.
No conforme con la respuesta, el organismo de control requirió ahora que demuestre que lo sucedido no fue responsabilidad de la empresa, en conformidad a los artículos 50 del Reglamento del Usuario, y 30 de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor). Para eso, le impone un plazo de 30 días, contados a partir del 22 de julio -día en que se rompió el caño que toma agua cruda del Riacho Santa Fe-.

¿Se podía evitar?
En el escrito, Assa reconoce que había constatado la fuga días antes a que se produzca la rotura de la cañería, pero explica que “aun cuando hubiera concretado la intervención, posiblemente no hubiera podido evitar el colapso de la cañería”. Y explica: “En el orden especulativo, la apertura del sector para reparar la fuga podría haber acelerado los acontecimientos debido a que la cañería de PRFV requiere de una perfecta contención lateral del terreno y, al excavarse en zona aledaña, bien podría haberse desestabilizado”.
Aunque la empresa sabía de la pérdida, no tenía “precisión sobre el punto de falla debido al muy escaso caudal y baja presión”. En función de esto, se realizaron las siguientes acciones: análisis de laboratorio para verificar si se trataba de agua potable o cruda; inspección del lugar para determinar la posición de la pérdida; requerimientos a empresas contratistas para ejecutar la apertura del área; y verificar la posible interferencia de energía eléctrica y fibra óptica. Desde Rosario, se transportaron los materiales para hacer la reparación (abrazaderas).

La pregunta del millón
¿Por qué no pudo evitarse el corte total del servicio? Assa explica al Enress que “el operativo debe realizarse en condiciones de estanqueidad absoluta, y que las válvulas de gran diámetro con los sedimentos que arrastran dentro de la cañería de agua cruda, imposibilitaron el cierre total de los espejos internos de estas unidades de corte, por lo que se tornó imprescindible detener la planta potabilizadora alrededor de las 19.30”.
Pero nada explica acerca de las esclusas -si existen- ni de por qué no se abasteció a la planta con agua cruda tomada desde el Colastiné.
Finalmente, informa que se instalaron las abrazaderas de reparación, lo que permitió que alrededor de las 11 de la mañana del viernes se reanude el bombeo, normalizándose el servicio hacia la noche.

¿Por qué se rompió?
Mientras realizaba los trabajos de reparación, Assa comprobó que “la pérdida abrupta se produjo por un desprendimiento del material aportado como elemento de reparación de un trabajo parcial anterior sobre la cañería de PRFV, sin el adecuado zunchado diametral y sin que pueda establecerse, dado que no hay registro, la antigüedad de dicha intervención”.
En plena emergencia, el viernes 23, el titular de Assa, Alberto Daniele, reconoció a El Litoral que “durante la intervención apareció un conducto que en su momento debe haber sido reparado sin cumplir con los procedimientos adecuados y originó un punto débil dentro de la cañería”.

—¿Y no quedó registro en la empresa de esa intervención? -preguntó El Litoral.

—Por supuesto que no, respondió el funcionario.

11 horas
En el informe, Assa explica que la demolición de cámara de la fibra óptica insumió aproximadamente 11 horas debido a las complicaciones que se encontraron y con el objeto de no dañar la fibra óptica subyacente, lo que obligó a utilizar únicamente equipamiento liviano.

Simbólico
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, son hijos reconocidos de la Ley 11.220 de 1994, que privatizó los servicios sanitarios y reservó al Estado el control del contrato y la concesión (hoy en juicio en el Ciadi).
El Enress no depende presupuestariamente por completo del Ejecutivo, porque el grueso de sus gastos se cubren con una tasa que pagan los usuarios. Sus directores además de ser propuestos por el gobernador requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, Assa cubre (desde que se aumentó la tarifa) hasta un 50 % de sus gastos de funcionamiento con su recaudación.
De cualquier modo, está claro que desde 2006 cuando se creó Assa -con la totalidad de las acciones de la sociedad anónima en manos del sector público-, las sanciones del regulador tienen más un carácter simbólico que económico.
Las funciones del regulador y del regulado actuales provienen de cuando la ex Aguas Provinciales (privada) prestaba el servicio. Hoy en cambio, un brazo del Estado con otro discute sobre cómo se presta el servicio, con más o menos autonomía.

Reubicar cámaras
En el marco de la investigación que está realizando, el Enress solicitó a todas las empresas de servicios que interfieren en el lugar (alumbrado público, cables de media tensión de EPE y fibra óptica) que informen quién habilitó sus instalaciones junto a la toma de agua. El organismo de control adelantó que pedirá que reubiquen las cámaras.