A las 3 de la tarde, diez asambleístas se reunirán con el canciller Héctor Timerman en el Palacio San Martín. El resto de sus compañeros de Asamblea les pidieron que escuchen y no tomen decisiones, y lleguen de regreso a Gualeguaychú directamente a la reunión que cada miércoles se realiza en el Club Frigorífico para informar lo escuchado.
El grupo votado para dialogar con el ministro es el mismo que ya estuvo tres semanas atrás con Timerman y otros funcionarios del Ejecutivo nacional. En su agenda, llevan dos consultas:
Conocer la "letra chica" del acuerdo firmado por los Presidentes de Uruguay y Argentina para monitorear el río Uruguay y la planta de Botnia.
Indagar qué persigue el Gobierno con las notificaciones judiciales enviadas a un grupo de gualeguaychuenses, haciéndolos responsables de numerosos delitos, derivados del corte de la ruta internacional. Incluido, el delito de sedición y atentado contra el orden constitucional.
Para la Asamblea Ambiental, el acuerdo no está claro. "No podemos pensar que lo visto hasta ahora es un plan de monitoreo", dicen. "Lo de monitorear todas las plantas fabriles y desagües existentes en ambas orillas en la zona argentino-uruguaya del río es una buena iniciativa, pero desvía del objetivo: controlar a Botnia desde adentro. E ingresar a ésta doce veces al año no es nada".
En ese plan, llevan una lista de al menos once cuestiones para aclarar acerca del monitoreo. "Acá no se termina el conflicto de siete años, sino que permanece igual", sostienen. "La Asamblea está en desacuerdo con lo firmado por los presidentes", indicó la secretaria del grupo, Susana Padín.