Para el canciller Héctor Timerman, la solución al conflicto por Botnia es simple: si la fábrica contamina, se cierra. Tras casi siete años de diferencias y un litigio internacional por la instalación de la pastera UPM (ex Botnia) frente a las costas de Gualeguaychú, el ministro sostiene que el acuerdo firmado la semana pasada entre la Argentina y Uruguay no se presta a dobles lecturas. "Si [Botnia] llega a contaminar, cierro la fábrica", enfatizó ayer, en diálogo con LA NACION.
La sentencia llegó luego de una consulta al canciller por el duro intercambio de opiniones que se produjo durante la reunión que ayer mantuvo con referentes de la asamblea ambiental de Gualeguaychú, en el Palacio San Martín, en la que también participaron el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
Timerman, que confirmó ese intercambio pero minimizó sus efectos, puso en palabras simples uno de los aspectos más controvertidos del pacto sellado el 28 de julio por la presidenta Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica: el límite de 12 inspecciones anuales a la fábrica por parte de la comisión de científicos que se encargará del monitoreo de la cuenca del río Uruguay.
"¿Usted cree que si Botnia -o mejor hablemos de todas las fábricas sobre el río Uruguay-, si yo me doy cuenta o si el presidente de la CARU [Comisión Administradora del Río Uruguay] se da cuenta de que están envenenando el agua, usted cree que voy a esperar un mes hasta la próxima inspección?", se preguntó el canciller, para darse una primera respuesta: "Voy a salir a alertar a la población. Lo voy a anunciar públicamente. Le digo que saco una solicitada".
Su segunda afirmación despejó cualquier incertidumbre. "Si [Botnia] llega a contaminar, cierro la fábrica. ¿Cómo voy a permitir que contamine?", insistió, para deslizar, casi al pasar, que sus palabras no se limitaban a reflejar su opinión personal, sino un entendimiento ya alcanzado entre los gobiernos de ambos países. "Es algo que ya se ha hablado, no lo desconocen en el Uruguay", sostuvo.
Para despejar cualquier duda, el canciller comparó la situación de la pastera y la comisión científica binacional con la relación entre un médico y su paciente. "Si el médico le dice al paciente que está muy mal, no le va a pedir que vuelva el mes siguiente, lo interna ahí, en el momento".
Pero tampoco dejó dudas si se verificara la hipótesis opuesta: "Si Botnia no contamina, entonces el límite es de 12 inspecciones anuales".
LA NACION había intentado comunicarse con Timerman a través de su página de Facebook luego de que crecieran las versiones acerca de una duro intercambio con los asambleístas durante la reunión que se celebró ayer en el Salón Dorado del Palacio San Martín.
Según los ambientalistas, el cruce se produjo porque el canciller habría dudado del impacto ambiental de Botnia. La versión oficial, en cambio, postuló que Timerman indicó que lo único importante era lo que la ciencia estableciera. En diálogo con LA NACION, el canciller minimizó el cruce, sostuvo que la relación con la Asamblea pasaba por un "buen momento" y hasta ponderó las experiencias particulares de sus integrantes.

Visita a Gualeguaychú
Aunque prefirieron mostrarse cautelosos tras la reunión, los asambleístas consiguieron satisfacer al menos dos reclamos históricos: obtuvieron los informes científicos y jurídicos que la Argentina presentó ante la La Haya y la promesa de que el canciller visitará su ciudad para explicarles a los vecinos los alcances del acuerdo.
En una conferencia posterior a la audiencia, los ambientalistas valoraron "el arduo trabajo" de la Cancillería, así como la "apertura" del nuevo gobierno uruguayo. Pero subrayaron que todavía persisten "muchas dudas" sobre cómo se realizarán los controles y cuáles serán las consecuencias si se determina que la pastera contamina.
Timerman fue tajante sobre este punto: "Contaminar no está permitido ni en la Argentina ni en el Uruguay", dijo, y dio por sentado que el Gobierno inspeccionará a Botnia más de 12 veces al año si se comprueban perjuicios para la salud de la población.
La reunión, que contó con la participación de la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, se trasladó luego de dos horas al Salón Verde, donde aguardaban las pruebas del litigio de La Haya. "Nos llevamos una camioneta de documentos", dijo el asambleísta Oscar Bargas, quien, al igual que Timerman, se declaró satisfecho por el encuentro.
Sus pares, en cambio, prefirieron no adelantar un balance de la reunión hasta que la Asamblea reciba un informe de lo conversado. El ambientalista Martín Alazard indicó que el grupo se retiraba "con el 50 por ciento de las respuestas" y sin certezas sobre las inspecciones a Botnia. "No sabemos si van a ser de cinco minutos o cinco días ni cuáles serán las técnicas de medición.
No se trata de la única preocupación que persiste en Gualeguaychú. Según pudo saber LA NACION, el juzgado federal de Concepción del Uruguay comenzó a investigar una manifestación de la Asamblea sobre la ruta 14, realizada el pasado 30 de mayo. Ya habría doce ambientalistas identificados por el juez Gustavo Pimentel, de acuerdo con las fuentes consultadas. "La persecución sigue", sostuvo uno de los asambleístas.

REUNION CON HILLARY EN WASHINGTON
El canciller Héctor Timerman se reunió ayer con la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martinez, tras lo cual se confirmó que el ministro viajará la semana próxima a Washington para reunirse -el miércoles 11- con la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton.