El canciller argentino Héctor Timerman recibió a diez asambleístas de Gualeguaychú y aseguró que “se aclararon temas que no habían sido comprendidos” respecto de la conformación de un comité científico para el monitoreo de los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes en el río Uruguay, principalmente la planta de pasta de celulosa de UPM (ex Botnia).
Además, el funcionario entregó a los vecinos entrerrianos una copia del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y se comprometió a visitar Gualeguaychú en los próximos 30 días, aunque antes de eso estarán en la ciudad la embajadora argentina ante el tribunal Susana Ruiz Cerruti y el científico Juan Carlos Colombo, que darán a conocer todas las pruebas que se presentaron a lo largo del proceso judicial.
Otro de los puntos que acordaron fue la continuidad del plan nacional de vigilancia ambiental que coordinan técnicos de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuyos elementos sirvieron como sustento científico para la presentación ante La Haya.
El encuentro se extendió a lo largo de dos horas y los ambientalistas entrerrianos recibieron una explicación pormenorizada del acuerdo firmado la semana pasada por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica y alrededor de 200 carpetas con las traducciones en francés, inglés y castellano del fallo de la Corte Internacional de Justicia que hizo lugar a la presentación argentina por la violación del Tratado del Río Uruguay al autorizar el vecino país la instalación de la pastera sin consulta previa.
Tras la reunión, Timerman encabezó una conferencia de prensa en la que dijo haber quedado “conforme” y adelantó que hoy se reunirá la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para comenzar a negociar el ingreso a la planta de UPM (ex Botnia), entre otros puntos consagrados en el acuerdo de conformación del comité científico. Inclusive, no se descartó que el nombre de alguno de los científicos sea consensuado con los asambleístas, según admitieron las partes.
Asimismo, el funcionario señaló que “el fallo de La Haya no dijo que Botnia contamina, pero si hay riesgos, es prioridad de la Argentina controlar” e insistió en que “si hay riesgos, la Argentina va a hacer todo lo posible para controlar” y remarcó que “en la eventualidad de que haya graves perjuicios para la salud, evidentemente vamos a seguir entrando, porque como en cualquier lugar, si hay un perjuicio para la salud y una alarma que haya que emitir, la función de un Gobierno es alertar a la población sobre cualquier daño”.

PRUDENCIA. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú estuvo representada por Carlos Goldaracena, Martín Alazard, Luis Leissa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Raúl Almeida, Oscar Bargas, Juan Veronesi, Roberto Marchesini y Cristina Limba.
Si bien consideraron que el encuentro fue “positivo”, los asambleístas dejaron trascender algunas “dudas” sobre cómo se realizarán los ingresos estipulados en el convenio para el control de la planta y prefirieron no adelantarse a lo que pueda ocurrir con el futuro del corte de la Ruta Internacional 136 luego de la suspensión de la medida establecida hasta el 19 de agosto. De todas maneras, ambas partes coincidieron en que fue una primera reunión y “no será la única”.
En diálogo con EL DIARIO, el abogado del colectivo ambiental, Luis Leissa, afirmó que “quedó claro que tenemos una mirada distinta sobre el impacto del acuerdo: para el Gobierno representa el cierre del conflicto y para la Asamblea, nada está cerrado sino que quedan varios asuntos pendientes”, aunque admitió que “se aclararon algunos puntos oscuros que había en torno del acuerdo”.
A ese respecto, Leissa apuntó que “todavía está pendiente la definición de los procedimientos que utilizará la CARU para controlar a Botnia y qué mecanismo aplicará para las inspecciones en el interior de la planta, si los técnicos permanecerán cinco minutos, una hora o si pasarán un día entero tomando muestras”, enumeró.
Asimismo, advirtió sobre las objeciones “a la participación que tendrá la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) como organismo de control de parte del Estado uruguayo”, porque consideran que “hasta el momento ha venido haciendo inspecciones y no ha objetado el vertido de desechos en el río Uruguay”.
Consultado sobre el corte de ruta, Leissa aclaró que “el tema será evaluado, pero la postura que persiste es que el bloqueo de la ruta es un medio de lucha que sirvió para poner el foco sobre Botnia; el problema es Botnia, no el corte; y lo que se pretende es el desmantelamiento de la planta porque es ilegal y contamina el medio ambiente”.
Más cauteloso, el asambleísta Oscar Bargas reconoció que “quedan cosas en el tintero porque es una compleja trama que hay que armar”, pero afirmó que los asambleístas se llevaron del encuentro “las alforjas cargadas con algunas respuestas y habrá que seguir elaborando en esta ida y vuelta con la Cancillería”. Por su parte, Martín Alazard coincidió en que “la reunión fue en cierto aspecto positiva; dentro de todas las inquietudes que se plantearon hubo respuestas en un porcentaje y otro porcentaje quedó en tintero”.
De la reunión participaron también el gobernador Sergio Urribarri, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Fernando Raffo, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino y el representante argentino ante la CARU, Hernán Orduna.

Plazos
FALTAN 14 DÍAS para que se cumpla el plazo de dos meses establecido por la Asamblea Ciudadana Ambiental como tregua sin corte de ruta para acordar un plan de monitoreo de la planta de pasta de celulosa de UPM (ex Botnia).

El dato
200 carpetas se llevaron los asambleístas de Gualeguaychú del Palacio San Martín con las traducciones en francés, inglés y castellano de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.