“Nos llevamos algunas respuestas, aunque falta que los científicos determinen cómo va a ser el monitoreo”, dijeron al salir de la reunión. Mitad conformes, todavía con dudas: así se definieron los integrantes de la asamblea de Gualeguaychú que ayer se entrevistaron con el canciller Héctor Timerman para hablar del acuerdo firmado con el Uruguay para el control conjunto de la papelera. En las caras, y en el tono elegido para las declaraciones posteriores, fue evidente que el encuentro había descomprimido las tensiones de la relación del Gobierno con los vecinos. Timerman se comprometió a ir a Gualeguaychú dentro de los próximos treinta días. Antes, viajarán para dar una charla la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, y el coordinador del equipo de científicos que reunieron las pruebas llevadas a La Haya, Juan Carlos Colombo. Son gestos que buscan convencer a los entrerrianos de que el Gobierno tiene la voluntad política de tomar muestras en Botnia-UPM para saber si contamina.
La delegación, formada por diez vecinos, fue recibida por el canciller en uno de los salones del Palacio San Martín. La conversación duró casi dos horas. Timerman los esperó acompañado por su plana mayor: el vicecanciller Alberto D’Alotto, Ruiz Cerutti y el representante argentino ante la CARU, Hernán Orduna. Había convocado, además, al secretario de Ambiente, Homero Bibiloni. El encuentro fue más que numeroso: del lado entrerriano se agregaron el gobernador Sergio Urribarri, su secretario de Ambiente, Fernando Raffo, el senador Guillermo Guastavino y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo.
Del “50 y 50” que dijeron llevarse de la reunión los asambleístas, la mitad positiva estuvo hecha de una garantía que les dio el canciller, quien les aseguró que “si Botnia contamina se tendrá que ir”. De todo lo que pueda decir el Gobierno sobre el conflicto, eso es lo que le interesa escuchar a la gente de Gualeguaychú, convencida como está de que la pastera contamina y de que el real problema es cómo demostrarlo.
En esa mitad positiva agregaron la aclaración de que si hay problemas ambientales, el comité de científicos podrá entrar cuantas veces sea necesario a la planta. El acuerdo firmado por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica dice “doce veces por año como máximo”, pero el canciller aseguró a los asambleístas, y después volvió a decir en una conferencia de prensa, que “ante la eventualidad de que haya graves perjuicios para la salud, evidentemente vamos a seguir entrando porque, como en cualquier lugar, si hay un perjuicio para la salud, la función de un gobierno es alertar a la población”.
Las dudas que quedaron sin responder se resumen en un solo tema, que es cómo va a ser el monitoreo, porque la determinación de qué se va a medir, con qué parámetros y métodos todavía no fue hecha. Orduna, el representante argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, explicó que esto se definirá en ese ámbito, donde los argentinos deberán discutirlo y llegar a un acuerdo con los uruguayos. El secretario de Ambiente, Bibiloni, agregó que el equipo de científicos de las universidades de La Plata y Buenos Aires que trabajaron en Gualeguaychú durante los últimos años, en el plan de vigilancia ambiental, seguirán trabajando.

Críticas al acuerdo
El tema del monitoreo es extremadamente técnico. Está lleno de variables desconocidas para quien no tenga formación científica, incluidos los funcionarios que participaron de la negociación del acuerdo. Pero está claro para todo el mundo que la negociación que viene, para diseñar el plan en sí, será dura.
Roberto Marcesini, uno de los vecinos que participó en la reunión de ayer, puso un ejemplo que sirve para tener dimensión del tema. Señaló que la asamblea cuestiona que las muestras de Botnia-UPM se controlen según los parámetros de la Dirección de Medio Ambiente uruguaya (Dinama), como establece el acuerdo que firmaron los presidentes. “Las leyes ambientales uruguayas y la ley entrerriana no dicen lo mismo. La demanda química de oxígeno tolerada por el Uruguay es de hasta 600 mg por litro, mientras que la ley de Entre Ríos pone el tope en 200”, explicó.
Otro ejemplo: el acuerdo dejó fuera el control de la atmósfera. Marcesini observa que “en el estudio de la línea de base que se hizo en Gualeguaychú antes de que Botnia comenzara a funcionar, no había en la atmósfera ácido sulfídrico. En los nueve primeros meses de funcionamiento de la pastera, en la atmósfera de la región se detectó ácido sulfídrico 90 días”. La Dinama, agregó el vecino, no la mide.
Es decir que estas diferencias conceptuales sobre qué medir y cómo medirlo no serán, en el futuro, un tema menor. La delegación de Gualeguaychú pidió ser tenida en cuenta para proponer postulantes para los dos cargos argentinos del futuro comité científico que realizará el monitoreo y el canciller les dijo que era “una posibilidad”.
Timerman y los asambleístas dieron una conferencia de prensa al terminar la reunión. El canciller defendió el acuerdo por el monitoreo y señaló que “los dos objetivos principales” que buscaba la Argentina, “el ingreso a Botnia y el control científico de la planta”, están cumplidos. Aseguró además que el Gobierno espera que “el control de la planta sea el control medioambiental más alto al que se pueda aspirar”.
Oscar Vargas, que habló en nombre de los asambleístas, señaló que tras haber ido al encuentro “con algunas dudas, nos vamos con algunas respuestas” y temas pendientes “que tendremos que seguir elaborando en un ida y vuelta con el Gobierno”.
La Cancillería les dio copias de las pruebas presentadas ante la Corte de La Haya, más de cien carpetas con las traducciones del expediente por Botnia y el fallo del tribunal internacional. Esta documentación había permanecido secreta durante el proceso judicial por decisión del ministerio. Aunque los jueces las consideraron insuficientes para probar que la pastera contamine, son registros de valor porque pueden ser usados como puntos de comparación con los muestreos futuros.

LA ASAMBLEA DE GUALEGUAYCHU, SATISFECHA CON LOS RESULTADOS
Sin mucho quórum para volver a cortar la ruta
La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú recibió con beneplácito los gestos que le dio el canciller Héctor Timerman en el encuentro que mantuvo ayer con diez de sus representantes. Reunidos anoche en una asamblea informativa, el clima de disconformidad que se generó en la ciudad a partir de la firma del acuerdo entre la presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo José Mujica se fue descomprimiendo, aunque aún se reservan muchas dudas acerca de cómo se implementarán los monitoreos en la pastera UPM. Todo indica además que en las próximas reuniones deberán someter a votación una prórroga en la tregua que se autoimpusieron para mantener liberada la ruta 136. El regreso al corte es un tema que quieren manejar con cautela ante el fantasma de la querella iniciada por el Estado, que sigue su curso y que acecha a varios de sus referentes.
A diferencia de la primera reunión con Timerman, en la que la preocupación de los asambleístas por la demanda fue uno de los ejes de la conversación, en la de ayer ni siquiera fue mencionado. Tampoco hubo alusión al vencimiento del plazo de la tregua acordada por los vecinos, dentro de 15 días. En la asamblea tienen la disyuntiva de esperar a que el Gobierno les plantee la necesidad de ampliar la tregua hasta que se cumplan los tiempos lógicos de implementación del monitoreo conjunto, o anticiparse para dar un gesto conciliador. Mientras tanto, ya transcurrieron 45 días de los dos meses que votaron para esperar a un costado de la ruta que se cumplan sus demandas. En la ciudad entrerriana no reniegan de la decisión que les permitió abrir un canal de diálogo con el Gobierno, pero saben que el futuro de la medida deberá definirlo una asamblea ampliada que, se estima, será convocada más cerca de la fecha.
Desde los sectores más duros, opuestos al levantamiento del bloqueo, ya no sostienen a rajatabla la necesidad de volver a la ruta apenas finalice la tregua. Aunque siguen sin estar del todo convencidos, las voces que se alzaban reclamando medidas más duras, incluso antes del 20 de agosto, fueron perdiendo fuerza con las últimas novedades desde el Palacio San Martín. “Ya sabíamos que el Gobierno iba a empezar a moverse sobre el final del plazo”, señaló el coordinador de la asamblea juvenil, Miguel Ambrosio a Página/12. “Un poco defraudados nos sentimos, pero estamos expectantes al día 20 cuando se haya cumplido lo pactado”, agregó el ambientalista, al tiempo que arriesgó que “para que el resultado de la negociación sea bueno, quizá sea conveniente mantener la ruta liberada”. Tanto la visita a Gualeguaychú que el canciller les prometió en un mes, como la conformación de la comisión científica y el comienzo de los monitoreos exceden la fecha prevista. Por eso, en el Club Frigorífico prefirieron no adelantarse y dejar transcurrir el tiempo.
Terminada la reunión, Timerman publicó en la red social Twitter que “el corte es un tema de la Justicia” como para reafirmar que junto con la querella, ambos asuntos están íntimamente relacionados. Los abogados que defienden a los diez asambleístas denunciados ya cumplimentaron los trámites de rigor y planean pedir copias de lo actuado por el juez de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel, que en su fallo había desestimado convocarlos a declarar. En Gualeguaychú intuyen que la apelación por parte de la fiscal, que logró que el expediente siga su curso y pueda derivar en el procesamiento de esos vecinos, es una jugada del Gobierno para condicionar cualquier intento de volver a cortar la ruta.
Informe: Gabriel Morini.