El conglomerado opositor tuvo ayer una tarde fallida en Diputados. No logró quórum y la sesión cayó. Si bien el tema principal que quedó sin tratamiento fue la problemática ley de glaciares que impulsa el diputado ex kirchnerista Miguel Bonasso, en el oficialismo respiraron aliviados porque lograron detener la ofensiva opositora por el 82 por ciento móvil para las jubilaciones.
Pasados 45 minutos del llamado a sesionar el conglomerado opositor llegó a reunir 126 diputados, tres menos del quórum. Allí, el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, valiéndose del reglamento, hizo caer la sesión.
Mientras los diputados oficialistas esperaban en los pasillos, la diputada Elisa Carrió responsabilizó a la oposición por las ausencias. Minutos después fue más allá, y disparó contra una decena de legisladores ausentes (integrantes del Grupo A) "que están paseando por Europa". Antenoche, en una entrevista televisiva, Carrió había asegurado que "en Diputados la oposición funciona como un reloj, siempre tenemos 140 votos".
Bonasso, por su parte, descargaba su ira contra Fellner, que no le otorgó la palabra y levantó la sesión: "Tiene que renunciar", bramó. Interpretó todo como una maniobra del Frente para la Victoria contra su proyecto. Desbocado, la emprendió contra el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, al que trató de "compadrito de barrio". Una hora más tarde, ya en su despacho, el diputado rosarino se limitó a señalar con una leve sonrisa: "A Bonasso no le contesto; creo que no está bien".
El alivio del oficialismo, al lograr con su ausencia posponer por una semana el trámite en Diputados, se justificó al bloquear cualquier intento opositor por llevar al recinto un dictamen firmando minutos antes en la comisión de Presupuesto (por una mayoría opositora) promoviendo la ley del 82 por ciento móvil. Se trata de una de las estrategias centrales del Grupo A en el Parlamento para intentar limarle la "caja" al gobierno nacional y promover su debilitamiento político.
El dictamen que firmó la oposición (sin la centroizquierda de Proyecto Sur, que presentó el suyo propio) no podía ser tratado en la sesión de ayer, aunque sí cabía un posible tratamiento sobre tablas, pedido por sus impulsores, y así obligar al oficialismo a rechazarlo (requiere de una mayoría agravada).
Con ese escenario posible —si se concretaba la sesión— el oficialismo hubiera pagado la presunta cuenta "del costo político ante los jubilados".
Con el abandono, anteayer, de la iniciativa en el Senado (al verificar que no les daban los números), la oposición patinó en una semana clave, y en ambas Cámaras, con el proyecto que mayores expectativas políticas había generado.
El intento opositor continuará en la sesión de la próxima semana, en Diputados. Desde el oficialismo, mientras tanto, ya definieron una estrategia para resistir el embate del 82 por ciento móvil: el dictamen de mayoría firmado ayer no especifica de dónde saldría el dinero para pagar la gigantesca cifra de unos 30 mil millones de pesos. "Si no le agregan la fuente de financiación la ley se cae sola, no necesita ni ser vetada, porque violaría la ley de administración financiera, artículos 28 y 38, donde se obliga a establecer de dónde saldría la plata", se anticipan desde el oficialismo. Pero además, "si le agregan la fuente de financiamiento, como propone Proyecto Sur (restablecer aportes patronales), quisiera ver cómo hacen para que el PRO se los vote", especularon cerca de la conducción kirchnerista de la comisión de Presupuesto, en manos del santafesino Gustavo Marconato.