«Si Botnia contamina, se tiene que ir». Con esa certeza, el canciller Héctor Timerman pareció disipar ayer el clima de desconfianza con el que había arrancado la reunión que mantuvo con un grupo de ambientalistas de Gualeguaychú en Buenos Aires para analizar el acuerdo sellado con Uruguay la semana pasada. De allí se fueron con señales de alivio, a partir de un ramillete de promesas desplegadas por el ministro de Relaciones Exteriores -incluida la aseveración de que si se comprueba que la cuestionada pastera contamina, «tendrá que adecuarse o cerrar»- y de su compromiso de desembarcar en la localidad entrerriana en cerca de 30 días para mantener un nuevo encuentro con los ambientalistas y mostrar los avances respecto de los detalles técnicos del entendimiento que desataron la desconfianza de los vecinos.
Los asambleístas presentes -que anoche exponían los resultados de la reunión ante la Asamblea Ambiental, en Gualeguaychú- también le arrancaron al funcionario de Cristina de Kirchner otras definiciones clave.
Destacan, en ese sentido, que Timerman enfatizó que los científicos argentinos y uruguayos podrán ingresar a controlar la planta instalada en Fray Bentos tantas veces como sea necesario, y no el tope de 12 veces al año que define el acuerdo sellado hace poco más de una semana entre la Argentina y Uruguay.
«Ante un incidente puntual en Botnia, los científicos podrán entrar todas las veces que sea necesario y si hace falta quedarse 20 o 30 días lo harán», aseguró a este diario el ambientalista Roberto Marchesini, citando los dichos de Timerman, quien condicionó ese escenario a la existencia de «graves perjuicios para la salud».
«La ciencia no estará condicionada por cuestiones políticas», les aseguró el canciller en el encuentro en el Palacio San Martín, que arrancó a las 13.30 y se extendió por alrededor de dos horas. Asistió, además, el gobernador de Entre Ríos, el justicialista K Sergio Urribarri (quien hoy pisará Gualeguaychú para avanzar en el análisis de este proceso junto a parte de la Asamblea, en una reunión de carácter privado), y el intendente Juan José Bahillo.
Sin embargo, la letra chica del entendimiento sellado hace poco más de una semana entre la Argentina y Uruguay define el ingreso hasta 12 veces al año de las plantas a monitorear, por lo cual la definición de Timerman parece augurar un potencial frente de discusión con el Gobierno de José Mujica, precisamente en torno al tema que generó más rispideces: el de la apertura de las puertas de la planta al ojo argentino.
No es, en rigor, la única promesa del canciller que amenaza con deparar polémica con el vecino país. Según los asambleístas, Timerman concedió el reclamo de Gualeguaychú y -aseguran- se comprometió a pedir a Uruguay que «los parámetros a tolerar en el río» que aplique la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA) «serán los que fije la ciencia».
Entienden los ambientalistas que los parámetros de tomas de muestras y criterios de evaluación de la DINAMA «están hechos a la medida de Botnia» para desalentar toda potencial relación con una postal de contaminación.
Pero, más allá del gesto de Timerman, el acuerdo firmado por la Presidente y Mujica sostiene que, para el caso puntual de la pastera, se utilizará «la normativa de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y de la autoridad de aplicación uruguaya», por lo que también se abre una incógnita respecto de este punto.
«Se aclararon temas que no habían sido comprendidos», aseguró, no obstante, Timerman en la posterior conferencia de prensa, aunque recalcó que seguirán las conversaciones entre ambas partes. También destacó que se cumplieron los «dos objetivos» que tenía la Argentina, respecto del «ingreso a Botnia y el control científico» de la planta y del río Uruguay.
Por de pronto, hoy la CARU se reunirá para comenzar a negociar el ingreso a la planta de UPM (ex Botnia), entre otros puntos.
Durante el encuentro de ayer -en el cual Timerman les entregó a los ambientalistas toda la documentación presentada por la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya-, también se habló de la tregua ofrecida en el corte de la Ruta Internacional 136, que caduca el próximo 19 de agosto.
«De eso no vamos a hablar hasta que llegue el momento», gatillaron sobre el canciller los enviados de Gualeguaychú, que reconocen, sin embargo, que «existe mucha preocupación entre los vecinos por las causas judiciales iniciadas por particulares contra la Asamblea».
Por ahora, dicen, es necesario que la Argentina «ponga en caja a Uruguay antes de que habilite la instalación de otra pastera». «Después habrá tiempo para discutir si volvemos a la ruta o no».
Si bien consideran que el encuentro de ayer fue «un avance», los ambientalistas destacaron que será central el informe que les brindará Timerman en cerca de 30 días en Gualeguaychú. «El canciller aclaró el 50% de las dudas, pero el otro 50% es parte de lo que están armando los científicos sobre los parámetros por evaluar y sobre cómo trabajar dentro de Botnia», resaltó Marchesini.
Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza en la definición de los dos científicos argentinos que formarán parte del futuro comité científico que ordena el acuerdo sellado entre la Argentina y Uruguay. «Faltan estudiar algunos nombres, pero la definición final estará en manos de Cristina de Kirchner», aseguró ayer el canciller a los asambleístas.