Las provincias cordilleranas mantienen firme su propósito de adelantarse a la Nación en la aprobación de una norma que regule la protección de los glaciares. A Jujuy, La Rioja y San Juan, que se anticiparon y sancionaron sus propias leyes para la preservación de las masas de hielo, se suma Catamarca, que ya discute en el Parlamento el proyecto del gobernador Eduardo Brizuela del Moral.
Colabora con esa constancia que sostienen los distritos del oeste para consensuar de algún modo medidas que preserven bajo su órbita el control de las actividades productivas -en especial, la minería-, el fracaso de la sesión de ayer en el Congreso Nacional, que debía reanudar sus actividades tras el receso invernal. Por falta de quórum, quedó sin conclusión el tratamiento en particular del proyecto de ley para la protección de los glaciares, que era el tema principal de la jornada.
Así las cosas, mientras se mantiene en suspenso el destino del proyecto que el 14 de julio último negociaron al filo de la última sesión de la Cámara el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), y el senador kirchnerista Daniel Filmus, Catamarca le imprime celeridad a una iniciativa propia sobre las masas de hielo, que establece los lineamientos para la protección de glaciares dentro de la provincia, con el objeto de conservarlos «como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hídricas».
La propuesta elaborada por el Ejecutivo catamarqueño coincide con la ley sanjuanina -y es una de las diferencias que sostienen las autoridades provinciales con respecto a la norma nacional- en destacar como prioridad la necesidad de llevar adelante un inventario de glaciares y una evaluación de su situación actual «a los efectos de concretar su conservación y el manejo racional como parte de un sistema hídrico integral de las cuencas a las que pertenece». «A partir del conocimiento y relevamiento de este importante recurso será posible la planificación de las actividades humanas y la gestión relacionada con los mismos a través de su posterior monitoreo y racionalización de aprovechamientos», se detalla en los fundamentos del proyecto.
Desde su inicio, el debate nacional sobre una regulación para la protección de los glaciares motivó el consenso entre las gobernaciones de Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén para definir una estrategia conjunta que quedó plasmada a principios de julio con la firma de una declaración por la cual se comprometieron a impulsar en sus respectivas legislaturas leyes provinciales de protección a los glaciares.
El principal fundamento que llevó al acuerdo a las provincias andinas se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que «todos los Recursos Naturales incluidos los glaciares son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren».