Le escribo para referirme al colapso de OSM. Que una empresa prestadora de un servicio esencial haya quebrado de este modo, nos obliga a todos a reflexionar. Las cosas no sobrevienen porque sí. Existen causas. A veces ocurren hechos accidentales y fortuitos. No es éste el caso de OSM. Como el Gobierno está actuando con apresuramiento, sin plan y sin recursos, deseo expresarle algunas cosas.

1. En materia de servicios públicos vinculados al agua, existen sistemas públicos y privados. En todo el mundo, unos y otros, muestran éxitos y fracasos. En Inglaterra la ola neoliberal privatizó los servicios que, por las deficiencias y tropelías de los privados, hizo que se estatizaran nuevamente. En Italia eran prestados por las Comunas, hoy se están privatizando por sus deficiencias. En España y Francia existen ejemplos en los dos sentidos.
El Banco Mundial ha publicado un informe sobre la experiencia en América Latina, demostrando que todas las empresas de capitales multinacionales fracasaron e hicieron abandono de los servicios. En nuestro país, lo que hoy ocurre en Mendoza, ya pasó en Capital Federal, en Tucumán y otras Provincias.

2. Aquí hemos conocido a OS estatal nacional, OS del Estado provincial y OS como empresa concesionaria. Todas prestaron mal el servicio e hicieron mal la gestión; ninguna planificó, no hubo programas de expansión y renovación de la red; nunca existió un buen control de gestión ni se hizo el estudio del precio del agua para fijar un cuadro tarifario equitativo y, así, recaudar los fondos necesarios.
En todas las épocas hubo irregularidades técnicas y administrativas; las autoridades responsables incumplieron sus deberes. Nunca se echó mano al art. 1112 del Código Civil, ni a su correlato del Código Penal. Es obvio también que, en la situación actual, hay que hacer economías y replantear toda la escala salarial y de honorarios. No tenemos una empresa petrolera ni una financiera.
Es una empresa fundida y quebrada, obligada a prestar un servicio público esencial, que no puede pagar los salarios ni los sueldos que se han fijado. Todo parece un gran negocio, una gran burla, que el Gobierno debe desmentir con hechos y acciones, si es que quiere recuperar la credibilidad.

3. El problema entonces, no radica en que la empresa sea pública o privada sino que ella tenga estructura adecuada, funcionarios competentes, plan, programas, fondos y controles de gestión y calidad eficientes. Todo llevado a cabo con transparencia ética. Personalmente me inclino por empresa pública, con gestión privada, controlada por organismo público autónomo, y auditada externamente, con control político legislativo.
Esto exige que el Estado fije política explícita, planificación integral, programas de desarrollo coherentes, y todo, como políticas de Estado. La empresa debe tener continuidad y estabilidad funcional en el tiempo, sin sufrir los vaivenes del cambio político o de las peripecias económicas.

4. Se ha llegado a este fracaso porque no se hizo nada de lo expuesto. No hay políticas, no hay planes, no hay fondos. Nadie es responsable de nada pero hay responsables. Se debe poner abogados y contadores a reunir pruebas e iniciar sin más trámite las acciones penales, continuando las que están en curso ante la AFIP y la Justicia Federal. Pero hay que denunciar a más gente, la intervención y ustedes lo saben, porque tienen informes y dictámenes.
Es intolerable que quienes han fundido la empresa, estafando al Estado y a la gente, cometiendo ilícitos con facturaciones truchas y subfacturaciones, incumpliendo sus obligaciones, estén cómodos en sus casas. Hay funcionarios/gerentes adentro que no pueden continuar en funciones; contadores responsables de la ingeniería financiera que usaron los franceses para delinquir que deben denunciarse. No hacen falta comisiones legislativas.
Hace falta pintar los dedos a los responsables con la intervención de la Justicia. Deje de dar vueltas en los laberintos internos de la política partidista; actúe en beneficio de la gente y de los intereses de Mendoza.

5. En estas circunstancias usted no debería integrar la conducción de la nueva empresa a dedo, haciendo un uso imprudente e irrazonable de sus atribuciones.
Se requiere un Directorio con idoneidad técnica, de ingenieros con formación en administración hídrica, con gente que tenga conocimientos y formación en economía y finanzas en el campo del agua. Nada tiene que hacer allí el sector gremial, porque con ese criterio habría que incorporar a las cooperativas vinculadas al servicio del agua, a las grandes uniones vecinales de usuarios, las entidades empresarias de industrias que usan grandes volúmenes de agua etc.
Caeríamos en un despropósito. La empresa no puede convertirse en una agencia de colocaciones del Gobierno ni ser el escenario de pujas sectoriales. Por eso debe arbitrarse un mecanismo de selección, con audiencia pública y control legislativo. No pongo en tela de juicio la honorabilidad de quienes se piensa nombrar.

6. En la nueva estructura, el EPAS debe eliminarse. Nunca cumplió con los fines de su creación. Ha sido inoperante e ineficiente. La ley que lo creó es técnicamente deficiente.
Crea falsos conflictos de competencia con el DGI contrarios a la Constitución, a la ley de aguas y legislación complementaria. No tenía razón razón de ser antes, menos la tiene ahora si la empresa será estatal. Pero creo que la empresa debe ser controlada y auditada en su desenvolvimiento funcional por organismo externo autónomo y control legislativo.

7. Debo manifestarle para su tranquilidad que el servicio de agua y cloaca en Mendoza, no es barato; está regalado en forma escandalosa. El precio lo subvencionan los sectores de menores recursos en forma arbitraria. En el ránking internacional el agua cuesta 4,6 ó 10 veces más que aquí. Cualquier casa de familia paga $ 1,50 (un peso con cincuenta centavos) por día para tener agua para bebida, bañarse, cocinar, lavar ropa.
¿Cuánto gasta esa familia en celulares, en TV, en gaseosas o cerveza? Por igual suma los de "alto nivel" riegan sus jardines, llenan la pileta de natación, o bañan al perro. Mientras, a 1.500 metros del edificio de OSM, en el pedemonte, sus habitantes en la pobreza e indigencia más absoluta, esperan los camiones municipales para llenar baldes y bidones, sin baños ni surtidores públicos. Éste es "el modelo" de servicio público de agua que tenemos. Una vergüenza.
Cuando se administra racionalmente y se fija el precio del agua, el cuadro tarifario se hace con equidad. La población se divide en tercios o cuartos. El último de los sectores (pobres e indigentes) no paga, tiene el agua gratis. Los restantes absorben todo el costo en proporción a su nivel económico, renta, actividad, ubicación y afectación ambiental que producen.
Existe servicio medido que aquí no se implementó por quienes estaban obligados a hacerlo. Era contrario a sus intereses. Del precio racional del agua salen los fondos para infraestructura, amortización, gestión y reservas.

8. Debe prestarle mucha atención al reclamo ante el CIADI, que es un tribunal arbitral y arbitrario; está hecho a la medida de las multinacionales para que ninguna pierda ningún reclamo económico, aunque sea culpable de los más groseros incumplimientos y violaciones a la ley.
Habrá que controlar lo que hace la Procuración del Tesoro, el Fiscal de Estado y demás organismos, porque si hay que pagar -por esas injusticias aberrantes que tiene la economía internacional, la diplomacia, los bancos internacionales y organismos financieros internacionales- pagaremos todos, incluidos usted y yo.

9. Es una paradoja que 13 años después de la privatización, se usen los mismos argumentos de aquel entonces para estatizarla nuevamente. Es deprimente ver la pérdida de tiempo. Por eso al menos, debe informarse a toda la sociedad con amplitud, con precisión y certezas, la real situación económica y financiera de la empresa fallecida, antes y después de la intervención.

Un último consejo: con todo respeto, no permita que se vuelva a negociar el agua; mantenga lejos a los intereses inmobiliarios y conexos; que nadie le quiera vender un trabajo de consultoría. Aquí todo está estudiado y escrito, todo es conocido, sólo que no se cumple con la ley. Falta responsabilidad y también decencia.