La legisladora Magdalena Odarda (CC ARI), manifiesta una vez más su profundo repudio y sorpresa por el nuevo vertido de residuos cloacales sin tratamiento al lago Nahuel Huapi, patrimonio natural de singular belleza que hace posible que la ciudad de San Carlos de Bariloche sea una de los puntos más visitados por turistas nacionales y extranjeros.
Con asombro e indignación se sigue observando el deterioro de las aguas del lago debido a los sucesivos vuelcos de efluentes, esta vez a la altura de la desembocadura de arroyo Ñireco, mientras las autoridades del gobierno provincial y del DPA que conocen cual es la solución a esta situación, mantienen una actitud despreocupada pese a las constantes denuncias y solicitudes.
A esta altura son incontables los reclamos que los vecinos y organizaciones de Bariloche han presentado, a ellos se suman varios pedidos de Informes legislativos de mi autoría, careciendo todos de respuestas concretas, manifestó Odarda.
El DPA es el ente regulador de la concesión y debe actuar para hacer cumplir las disposiciones pues le corresponde como autoridad de aplicación, proveer en todo lo relativo a la “tutela, gobierno, administración y policía de los recursos hídricos provinciales así como a la regulación de su uso y goce y la prevención contra sus efectos nocivos”, tal como determina el Código de Aguas provincial.
En el mismo sentido la ley 3185 fija que el DPA, en el ejercicio de sus funciones deberá: “Procurar la satisfacción de interés general, en cuanto a los requerimientos de suministro de agua para riego y consumo humano y el tratamiento y vertido de efluentes cloacales para todos los habitantes de la provincia y los distintos sistemas productores de bienes y servicios. Preservar el medio ambiente, manteniendo la coordinación con otros organismos específicos del Estado, supervisando el estricto cumplimiento de las normativas vigentes”.
Ya no sirven las muestras de voluntarismo, ni que los funcionarios reconozcan que la red cloacal de Bariloche y la planta de tratamiento necesitan obras inmediatas, pues eso ya lo saben hace tiempo las organizaciones y vecinos barilochenses. Se necesita la decisión y la acción política concreta, como así también los controles y la aplicación de sanciones y de la normativa vigente por parte del DPA quien como ente regulador, es responsable del cumplimiento.
Mientras el gobierno provincial a través del DPA siga respondiendo insatisfactoriamente a la gravedad de los hechos, el lago Nahuel Huapi, uno de los bienes naturales más emblemáticos que tiene nuestro país, sigue siendo contaminado por la desidia de los que tienen la responsabilidad pública de preservarlo.